demasiado joven para ejercer el cargo. Fernando Rivera que resulta protagonista del "Cap. II" de la novela negra de Radio Fides sobre el caso Jacob, de modo que no tenía la experiencia deseable para tan grande responsabilidad. qué gran error! le metía con todo

El día que iba a ser detenido, Fernando Rivera se despertó siendo el abogado más poderoso del Ministerio de Gobierno, estaba en Tarija a cargo del caso más importante para el actual “proceso de cambio”, había sido designado para demostrar que un grupo de personas organizó actividades terroristas e incluso había querido atentar contra la vida del presidente.

Quienes lo vieron ese día en la audiencia, en una sala sin ventilación y con mucho calor, lo vieron cabizbajo, pensativo, según dijo después ya sabía de su aprehensión, y que en pocos momentos su vida daría un giro.

Ese día en sólo unos segundos pasó de ser el poderoso abogado, temido por muchos, a encabezar las portadas de todos los periódicos como el acusado de encabezar una red de extorsión y corrupción.

Para sorpresa de los propios acusados del caso terrorismo, Rivera fue detenido por cuatro uniformados que iban bien armados para conducirlo rumbo a Santa Cruz, en una escena que parecía extraída de una película, fueron las personas a quienes acusó en muchas oportunidades, los que lo vieron enmanillado y custodiado por la Policía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Fernando Rivera, acompañado por otros funcionarios como Dennis Rodas, logró montar una estructura que lo mantuvo muy cerca de la impunidad, se hizo tan poderoso al interior del Ministerio de Gobierno que ni siquiera el cambio de autoridades lo afectó. Hoy jura inocencia.

El funcionario del Ministerio

El registro del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz señala que Fernando Ribera Tardío se graduó como abogado el 9 de junio de 2006, un años después entró a trabajar en el ministerio de Gobierno, durante la gestión de Alfredo Rada, desempeñando varios cargos, pero no sería hasta el 2010 en el que conseguiría tener el cargo con el que logró hacerse de tanto poder.

El año 2010, en el inicio del segundo período presidencial de Evo Morales, una crisis de Gabinete afectó a las principales carteras de Estado, ese fue el caso del Ministerio de Gobierno que pasó a ser encabezado por Sacha Llorentty, Rivera sin embargo no fue cambiado, es más fue promovido y empezó a ocupar el cargo de Director Jurídico.

Los poderes

Según un documento al que tuvo acceso el periódico digital Oxígeno, fue durante la gestión de Sacha Llorentty que Rivera y el otro principal implicado, Dennis Rodas, pasaron a tener “poderes extraordinarios” que les permitían actuar de manera independiente, es decir sin necesidad de recurrir a instancias superiores, y en nombre del Ministerio de Gobierno, en todas aquellas causas penales en las que esta instancia actuaba como querellante.

Según este poder especial, que recibieron Rivera y Rodas, el 27 de enero de 2011, los abogados podían  plantear “todo tipo de incidentes y nulidades de actos y notificaciones, pedir se suspendan y revoquen medidas cautelares, pedir y solicitar declaratorias de rebeldía, solicitar anticipo de prueba, ofrecer producir y judicializar toda clase de prueba que considere necesaria, sean literales, testificales, periciales y cuantas pruebas sean admitidas por ley…”

De ser ciertas las acusaciones de la Fiscalía, que hoy pesan sobre Rivera, este documento explicaría porque tenían la capacidad de presionar a cualquier acusado, ya que era suficiente una decisión suya para pedir la nulidad de una acción judicial.

El representante legal

En manos de Rivera y Rodas estuvieron los casos más importantes de los últimos años y es por eso que muchos sospechan que con el caso Ostreicher sólo se encontró la punta del ovillo. En los últimos días ya empezaron a aparecer numerosas denuncias de extorsión en contra de estas personas.

Los acusados de los casos del alemán Dirk Schmidt y del caso Navía salieron a los medios a decir que “emisarios” de Rivera pedían sumas exorbitantes a cambio de pedir su libertad, en La Paz varios acusados empezaron a hablar de las supuestas presiones a las que habría sometido a fiscales y jueces.

Varias autoridades del Gobierno han reconocido en los últimos días que es muy posible que este funcionario pudo actuarde la misma manera que con Ostreicher en otros casos, por el momento son todas especulaciones, pues hay una investigación en curso.

La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo pidió denunciar las posibles extorsiones a las que los miembros de la red de corrupción habrían podido someter a otras personas  “es un tema que no puede quedar en la nebulosa, todo lo contrario, tiene que aclararse”, dijo, la pregunta es porque esta instancia no logró percibir estos actos antes.

Las acusaciones de extorsión

Para el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Herland Vaca Diez, lo que sucedió en el caso Ostreicher es un mecanismo que fue usado ya para “montar” el caso terrorismo y que “cuando se destape” la realidad en torno a esta investigación se sabrá que no todo lo dicho por el Gobierno fue verdadero.

Y es precisamente el riesgo que corre el Ministerio de Gobierno, el de perder credibilidad, pues encargó a estos hombres los casos más importantes en los que actuó o está actuando como querellante, el más sonado el del caso Rozsa.

Jorge Quiroz, abogado del caso Caranavi, recordó que fue precisamente Fernando Rivera quien provocó que se retrase el proceso que se sigue por la muerte de dos jóvenes durante el operativo policial realizado en julio de 2011, además señaló como otro responsable al entonces fiscal de materia, Isabelino Gómez.

El caso Ostreicher

Pero en qué momento ingresa Fernando Rivera a la historia del caso Ostreicher, no se sabe con exactitud, Ostreicher habla del abogado como el verdadero culpable de que siga en la cárcel, pues lo acusa de haber presionado al juez Zenón Rodríguez para que cambie su decisión de revocar sus medidas sustitutivas a la detención.

Fernando Rivera firmó los memoriales en los que se solicitó que Ostreicher no reciba a medios de comunicación, esto tras la entrevista que concedió a un medio norteamericano (ABC), e incluso fue denunciado por la esposa de Jacob de haber estado de su detención en Palmasola cuando ella le llevaba comida.

Fue también el abogado Rivera quien tramitó el traslado de Claudia Liliana Rodríguez de Santa Cruz a La Paz, en junio de 2001, y a inicios de noviembre de este año, de la ciudad sede de Gobierno a Sucre. El representante legal de la ciudadana colombiana, Favio Jofré, aseguró que el ex funcionario pidió 30 mil dólares para impedir el traslado.

Su verdad

Dos días después de ser detenido Rivera dijo su verdad a los medios de comunicación, aseguró ser inocente y pidió que sea una comisión interinstitucional la que haga una auditoría a todo su trabajo al interior del Ministerio de Gobierno.

“Quiero pedirle con muchísimo respeto al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que por intermedio de su investidura se convoque a la comisión de justicia plural (de la ALP), además al Procurador General  del Estado, a la Ministra de Justicia (Cecilia Ayllón), Ministra de Transparencia (Nardi Suxo) para que hagan una evaluación procesal de todos y cada uno de los procesos en lo que ha sido parte el Ministerio de Gobierno por intermedio de nuestras personas”, dijo el imputado.

Rivera dijo que siempre respetó la independencia de poderes y que nunca violó sus obligaciones como abogado, negó que alguna vez haya extorsionado a alguien.

“Con absoluta seguridad, solvencia y con la frente en alta, con la conciencia limpia le digo a toda la opinión pública,  mi persona es absolutamente inocente, lo único que he hecho es trabajar, trabajar, trabajar”.

El abogado aseguró el lunes ya sabía que tenía un mandamiento de aprehensión en su contra y que “tenía suficiente tiempo para huir”, pero que no lo hizo porque es inocente y lo comprobará durante el proceso que se inició.

Será finalmente la justicia quien determine si Fernando Ribera es o no culpable, sin embargo algo ha quedado claro de inicio: el control de las actividades de los funcionarios al interior de los Ministerios no es tan efectivo, tanto así que pueden pasar muchos años para que recién se perciban las graves irregularidades que existen al interior de muchas estructuras gubernamentales.

reitera Daniel Pasquier el retorno al Estado de Derecho como una forma de enderezar lo que marcha mal. "algo huele mal. es que el Tribunal Constitucional quiere aplicar la CPE y el regreso al Estado de Derecho. qué de la independencia de poderes?

El 2005 marcó un momento de inflexión en la vida institucional del país. Por la vía democrática, haciendo uso de prerrogativas y derechos constitucionales llegaba al gobierno Evo Morales. Había competido electoralmente en anterior oportunidad, y nadie había cuestionado entonces ni ahora sus condiciones personales, intelectuales, origen étnico, extracción social, convicciones políticas o religiosas para postularse al cargo. Ganó y fue posesionado como Presidente. Se le puso la Constitución por delante, a la que juró respetar, cumplir y hacerla cumplir. Tenía cuatro años para demostrar las bondades de su promesa y programa electoral.

Sin embargo, como todo el mundo acepta y reconoce, menos los oficialistas, el 22 de enero del 2006 todo cambió. El célebre “le meto nomás”, aunque los próximos y asesores le adelanten que no es legal, que a lo mejor no es ético, que la democracia tiene sus reglas (mínimas, pero las tiene), que el Estado de Derecho se caracteriza por los límites al poder a través de la CPE y las leyes. Hay  normas de oro, como la separación de poderes. El  presidente no las desconocía, porque antes ya había sido parlamentario. Al parecer no le importaba. El plan, premeditado, era otro. Nada menos que tirar todo por tierra y empezar de cero. En algunos casos, hasta más atrás del cero, al infinito, para lo cual se había montado una atrevida interpretación de la historia, creado leyendas,  héroes y nuevos mitos.  Lo que vino es de todos conocido. Se suspenden las garantías constitucionales, la seguridad jurídica para los bienes y las empresas, la amenaza constante a los enemigos reales y fabricados, el comportamiento descontrolado con los recursos públicos, y hasta el cuestionamiento a los compromisos internacionales del Estado boliviano.

Son siete años de vivir sin Dios y sin ley. Pero el tiempo se encarga de bajar las utopías a la realidad y de enfrentar realidad  a  sueños e ilusiones. Los problemas, graves, se multiplican dentro y fuera del país. Los conflictos se profundizan y las soluciones, en la mayoría de los casos, no son tales, sólo son parches ganando tiempo. Tiempo que se agota y al final terminan estallando, dejando su estela de dolor en cada caso, y el problema sin resolver. ¿Habrá llegado la hora de volver, aunque sea lentamente, y a regañadientes, al imperio de la ley?

La impostura se acabó. Los indígenas divididos y humillados por el MAS han roto con el gobierno. Los de Tierras Bajas se embanderan con la defensa del TIPNIS, que cuenta con amplio apoyo de la población boliviana, sin importar el color político. TIPNIS SOMOS TODOS se ha incorporado al lenguaje coloquial.  Los obreros, principalmente los grupos duros, mineros concentrados en Potosí, Oruro y La Paz, con francos cuestionamientos que van desde reivindicaciones laborales, compromisos no cumplidos conflictos por concesiones de minas y, ahora, hasta de límites provinciales y departamentales. Los de Tierras Altas, hacen públicos sus reclamos y sus decepciones. Aglutinados los unos en la CIDOB y los otros en el CONAMAQ, enfrentan al gobierno. Acostumbrados como están a las luchas milenarias, no van a ser ésta la batalla perdida. Ya se sabe el perdedor.

El paquete es de digestión difícil. Las concesiones para proyectos de carreteras,  para plantas de separación de líquidos, para exploración de gas e hidrocarburos (hasta en áreas protegidas), atropellando leyes vigentes y  sin  previa consulta a los originarios de cada región, han terminado por convencer que la bandera de la defensa de los recursos naturales como de los pueblos excluidos y marginados por la Colonia y la República, bases del discurso masista antes y durante su estadía en palacio,  ha sido totalmente arriada por el gobierno. El MAS se ha convertido en un  clásicos partidos de políticas extractivistas y exportadores de materia prima. Nada nuevo bajo el sol. Como lo termina de demostrar el tan publicitado como fracasado proyecto  en el Chapare de la industrialización de la hoja de coca, de la cual lo único valioso lo sacan hace tiempo los narcotraficantes con o sin apoyo de ningún plan de industrialización.

¿El final de la historia? Tanto tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe. ¿El caso Rózsa se cae?  El  terrorismo  a la luz pública internacional. ¿Derechos Humanos? Presos unos 30 ciudadanos sin sentencia por más de tres años. Un auténtico atentado a derechos constitucionales. Acusados que corren con camas y petacas (abogados defensores, familiares, equipamiento para la defensa, documentos, etc.) de un lado para otro, para enfrentar de una vez un juicio, donde las pruebas y el testigo clave, más parecen estar a su favor. ¿Se corroborará lo adelantado por investigaciones particulares? C. Valverde en su momento en Bolivia, N. Márquez afuera, han resumido exhaustivamente con audacia y valentía sus investigaciones y seguimiento del caso.  El último, analiza “el pachamamismo hacia el narcoestado”, apoyado en 620 citas. Todo es grave en este engorroso caso. Pero lo más grave, ¿le contaron toda la historia al Presidente? ¿Todo se resume a un desborde de  ambición por poder?

Algo huele mal en palacio. ¿Hay plazos para Evo? El Tribunal Constitucional Plurinacional se rebela, o simplemente, ¿empieza a aplicarse la CPE y las leyes? ¿La vuelta al Estado de Derecho? Mientras H.  Arce, desde la  ALP  da el espaldarazo jurídico político a la reelección de Evo y el Vice a partir del 2014, "tema absolutamente zanjado",  el presidente del TCP, Dr. Ruddy Flores, en franca rebeldía a los propósitos de la ALP,  reafirma que los magistrados no están conminados a presentar informes de ninguna índole, ni por la vía oral ni por vía escrita, a esa instancia legislativa. El tema de la reelección irá tarde o temprano en consulta a ese tribunal. ¿La vuelta al Estado de Derecho? La independencia de poderes, base republicana del Estado. ¿No todo está bajo control del gobierno, no todo está perdido?

hemos sostenido desde ha mucho. cuánto le cuesta al Estado el caso Rózsa conocido como "caso turismo" porque se traslada de un lado a otro en busca de un juez que se avenga a violar las leyes para dar gusto a un fiscal que sólo obedece al Ministerio de Gobierno y para nada al Ministerio Público.

Una de las claves de muchos abogados que se hacen ricos es alargar las cosas y en eso han sido muy eficientes los “doctores” que han manejado el caso Rózsa, también denominado “caso terrorismo”, aunque muchos ya lo llaman “caso turismo”, porque ha recorrido por lo menos cinco departamentos para huir de las leyes y la justicia y aplicar una patraña inventada por los operadores del control político del régimen. Sin embargo, uno de los más eminentes impulsores de este proceso, que no tiene pruebas ni delito, pero sí culpables sentenciados de antemano por el Ministerio de Gobierno, dice que quiere liquidar el juicio hasta enero del próximo año, es decir, en menos de dos meses. Su argumento es que al Estado le cuesta mucho dinero, por los costos de traslado de los imputados de un departamento a otro en busca del juez más desprevenido o connivente, que haga la vista gorda con tantas irregularidades cometidas contra los imputados. Lo que no declara este señor es cuánto dinero le ha generado a él y a todos los que han estado usufructuando con aterrorizar a toda una región. Para el régimen político la ganancia ha sido superlativa, ya que de un plumazo arrodilló a casi todos los aguerridos autonomistas.

no le hacen ningún favor a Evo, su Vice y su ministra de la Transparencia. embarran más las finanzas de Evo. 2 vehículos no declarados.

El presidente Evo Morales y sus voceros cada vez se complican más al tratar de explicar el aumento patrimonial del mandatario cocalero. Y mientras se ensaya un rosario de excusas, a cual de todas más increíble, se conoce la denuncia de una diputada opositora, sobre dos vehículos de lujo que Morales habría olvidado incluir en su declaración jurada de bienes.

Se trata, según la documentación exhibida por la parlamentaria, de dos movilidades Nissan Patrol GRX, adquiridas por el presidente en los años 2007 y 2008, y que suman un valor de 864.690 Bs., cifra que excede ampliamente lo recibido por Morales por concepto de sus ingresos oficiales en los primeros años de gobierno.

Esto, al margen del hecho de que haber faltado presuntamente a la verdad en una declaración jurada configura un delito importante, tanto como el de recibir regalos en virtud de su cargo, como confesara el propio gobernante.

Lo cierto es que, por más contabilidades creativas que intenten los colaboradores del presidente, las cuentas no cuadran.

El vice García Linera alega que el Jefazo ahorra “el 100% de su salario”, lo que abre otras interrogantes: ¿cuánto le cuesta entonces a los bolivianos el sostenimiento integral del mandatario? ¿No gasta Morales siquiera en el pago de pensiones a sus hijos?

¿Y qué pasa con las tierras que el caudillo masista tiene en El Chapare? ¿Le generan ingresos por la producción cocalera o están ociosas, incumpliendo la Función Económica-Social (FES)?

Urge una glasnost de las finanzas presidenciales…

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se hace astillas el MAS. como era previsible se divide, subdivide y estalla en divisiones el MAS. se acabó la hegemonía, la prepotencia, el orgullo del partido único que dijo gobernaría por 500 años

La rebelión de transportistas y gremiales contra el proyecto de Ley de Extinción de Dominio significa una nueva fractura en el bloque oficialista, que ve alejarse a un empresariado popular que maneja nada menos que el 70% de la economía nacional (la informalidad).

Anteriormente, habían sido los indígenas de oriente y occidente los que se alejaron del “bloque hegemónico” (para usar la terminología de Álvaro García Linera), en ocasión del conflicto del TIPNIS.

Asimismo, la apresurada expulsión del MSM del esquema de gobierno provocó la pérdida de un importante segmento de la clase media paceña para el oficialismo.

De esta manera, se profundiza el proceso de aislamiento político del evismo, cada vez más replegado hacia su núcleo duro: el sector cocalero del Chapare.

Poderoso síntoma de este nuevo cisma son las fricciones surgidas entre el Ejecutivo y la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, que cuenta con varios parlamentarios salidos de cuotas corporativas de transportistas y gremiales.

Este es el contexto que explica los dimes y diretes entre la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, y el ministro de gobierno, Carlos Romero; así como el “llamado de atención” que el presidente Evo Morales habría hecho a los diputados masistas, según el parlamentario de esa tienda política, Donato Callisaya.

Cabe preguntarse por los efectos que esto tendrá sobre la hegemonía en el Legislativo del partido de gobierno, teniendo en cuenta que las filas de los diputados disidentes podrían engrosarse con representantes de los sectores en conflicto…

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a propósito de la propuesta de Hernán Maldonado me acuerdo de "un santo triste, no es lo mismo que un triste santo. o sea pobre presidente, no es lo mismo que presidente pobre. veamos:

No es lo mismo que un país tenga un “pobre presidente” que un “presidente pobre”. La valoración es completamente distinta. Por eso es que tampoco es lo mismo vivir en un “país pobre”, que en un “pobre país”.

Por los sueldos que se les asignan, es muy difícil encontrar presidentes pobres en la mayoría de los países por las fortunas que amasan legal o ilegalmente. China acaba de encender las luces rojas ante la alarmante corrupción.

El diario New York Times informó la semana pasada que la extendida familia del premier Wen Jiabao tenía bajo su control la bonita suma de $2.500 millones. El presidente Hu Jintao urgió al Partido Comunista a luchar contra la corrupción porque “podría causar la caída del Estado”.

En la Historia de Bolivia son contados los presidentes que murieron en la pobreza y muchos de los que así acabaron fue porque dilapidaron sus fortunas.

El tema se ha puesto de moda porque el diario El Deber reveló que el presidente Evo Morales triplicó su fortuna desde el 2006, cuando asumió el cargo. Ese año declaró un haber de Bs. 779.423 y el pasado octubre llegó a Bs. 2.705.058. El cambio oficial está a Bs 6.96 por $1.00.

“Qué culpa tengo si el pueblo me regala y regala. El patrimonio va a seguir creciendo”, dijo este fin de semana Morales, más ingenua que impávidamente, tras recibir en Potosí una medalla con cadena de oro.

Morales calcula que sólo en ponchos que le han obsequiado tiene una fortuna de unos $100.000. Recordé que el presidente “más obsequiado” fue Víctor Paz Estenssoro. Allá por 1955 exhibió sus regalos en el hall del Palacio de Gobierno. Era una colosal fortuna en medallas aureas, bastones de mando plateados, joyas, llaves de las ciudades en oro, tejidos, etc.

¿Sabrán estos funcionarios que los “regalos” en su mayoría son a costa de los bolsillos de los pobres? Los eternos aduladores hacen colectas en sindicatos, oficinas públicas, organismos estatales “para comprarle un regalito al jefe”, por la inauguración de una obra, por su visita a la ciudad o por su cumpleaños.

En mi breve pasantía de empleado público en el ministerio de Trabajo, allá por 1966, fui testigo del abuso, porque nos descontaban directamente del sueldo para tales obsequios.

¿Desconoce todo esto Morales? En otros países los regalos a los funcionarios públicos pasan al patrimonio del Estado. Hay leyes que reglamentan su recepción y su disponibilidad.

Pero aparte de la aplicación de la ley pura y simple, debe imponerse la solvencia moral del funcionario. Al respecto, el diario El Día de Santa Cruz nos recordó al vicepresidente argentino Elpidio González (1922-1928) quien al salir del cargo fue advertido por su secretario que dejaba una valioso portarretrato en su oficina.

González, que años más tarde moriría en la pobreza, le respondió: “No me lo regalaron a mí. Se lo regalaron al vicepresidente y yo ya no tengo este cargo”.

la trampa de Evo. enriquecimiento? no.son regalos. regalos para un funcionario? están prohibidos por Ley. quedan dos. o los retira de su patrimonio y por tanto pasan a propiedad del Estado. o pena de cárcel de 3 a 5 años...ja, ja, ja! y todo por unos ponchos de colores (El Deber)

Las revelaciones que ha hecho EL DEBER sobre el patrimonio personal de los principales actores del gobierno nacional siguen teniendo repercusiones.
El presidente Evo Morales, cuyo patrimonio personal se triplicó en los últimos seis años, según se comprueba en la declaración jurada que él mismo hizo en 2006 y ahora en 2012 en la Contraloría, ha sido el centro de los comentarios.
Sus colaboradores dieron muchas explicaciones sobre ese excepcional crecimiento de su patrimonio. Algunos aludieron al hecho de que los bienes del presidente se valorizaron y otros llegaron a decir que el gobernante trabaja mucho y que, por lo tanto, no habría que sorprenderse de que haya hecho crecer su patrimonio. Esta última explicación no tenía en cuenta que Morales estuvo trabajando a tiempo completo y que, se supone, no tuvo tiempo para ocuparse de su patrimonio personal.
Después de algunos días de silencio, surgió una nueva explicación de cómo es que el patrimonio personal del presidente se triplicó en seis años mientras él estaba ocupado, “full time”, en el cargo de Jefe del Estado.
Dicha nueva explicación, que la dio el propio presidente señala que él en sus viajes recibe muchos regalos y todas esas cosas tienen precios que totalizan grandes sumas. Dijo exactamente que cada poncho que le regalan cuesta unos 200 dólares y que tiene más de mil ponchos.
Es decir que Morales considera que los obsequios que recibe, dentro y fuera de Bolivia, son de su propiedad. Al respecto hay una prohibición expresa en el Código Penal, que en el artículo 147 dispone: “La servidora o servidor público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años”.
Por lo demás es una ley universal que los presentes que recibe un presidente no son para él en persona, sino para el cargo que tiene. En la Casa Blanca hay todo un salón con los obsequios que recibieron los presidentes de Estados Unidos y que, por supuesto, no se los llevaron al dejar el cargo, sabían que pertenecen al país.
Lo mismo ocurre en otras naciones, donde los estadistas dejan los obsequios que recibieron, con rigurosos y detallados inventarios. De lo contrario, las medallas, las joyas y los reconocimientos que reciben estarían adornando sus casas y eso, definitivamente, no ocurre.
Quizá sea oportuno, ahora que el asunto es objeto de comentarios en la opinión pública, que los asesores del presidente le hagan saber cuáles son las leyes que rigen para el caso de los obsequios que recibe en su condición  de primer mandatario.
Finalmente sería bueno que las explicaciones que se den sobre el origen de esa riqueza sean más coherentes y no entren en contradicción con las leyes del país, como es el caso de los obsequios que el presidente recibe y que, vale la pena reiterarlo, no pueden ser considerados como parte de su patrimonio personal.

Simón Reyes optó por retirarse de la Federación de Mineros cuando advirtió que "las bases aceptaron el dulce de Paz Estenssoro" para cerrar las minas. relato histórico de Humberto vacaflor

En septiembre de 1986, Simón Reyes y Filemón Escóbar estaban dando una desesperada batalla para salvar algunas empresas de Comibol.

Habían conseguido que los ministros del área económica del presidente Víctor Paz Estenssoro aceptaran, reunidos en el colegio Inglés Católico de La Paz, que el gobierno pediría el visto bueno de la Federación de Mineros para cerrar cualquier mina.

El ministro de Planeamiento y Coordinación, Gonzalo Sánchez de Lozada, estaba ese día en Cochabamba y tomó el primer avión para La Paz, llegó al despacho presidencial y dijo a Paz Estenssoro que renunciaba al cargo, porque el acuerdo con Simón y Filemón había “perforado el modelo”.

Paz Estenssoro miró con aquella famosa mirada al ministro renunciante y le dijo, palabras más, palabras menos, “cómo se nota que usted no es político, doctor Sánchez. Espere unos días y verá cómo los propios mineros van a pedir el cierre de las minas”.

El precio del estaño había caído tanto que el London Metal Exchange (LME, ahora de propiedad de unos chinos) lo excluyó de sus tablas de cotizaciones: menos de US$ 2 por libra fina.

Unos días antes, el gobierno había eliminado los precios congelados de cuatro productos esenciales y –esto era decisivo­– ofreció indemnizaciones extraordinarias a todos los mineros que quisieran retirarse. El Banco Mundial aportó con US$ 25 millones para ese proyecto.

Y, en efecto, a los pocos días los sindicatos de base de la Federación de Mineros decidieron desconocer las gestiones de Simón y Filemón, y aceptar la propuesta de retiro que les había hecho el gobierno.

Estos bravos dirigentes sindicales habían fracasado en su batalla por salvar la propiedad estatal de los medios de producción, por lo menos de la minería.

Habían sido derrotados por las bases, que los desconocieron pensando en la tentadora oferta del gobierno.

A las pocas semanas me atreví a preguntar a mi desolado amigo Simón si él suscribiría esta frase: “La relocalización fue propuesta por el gobierno pero impuesta por las bases mineras”.

No lo pensó mucho. Me dijo que sí, que él la suscribiría.

Es decir que el doctor Paz había tenido razón cuando dijo a Sánchez de Lozada que no era un político y que, si lo fuera, habría sabido que los mineros iban a terminar aceptando los montos extralegales como retiro.

Puestos a elegir entre luchar por la propiedad de los medios de producción para el Estado, o tener dinero contante y sonante en los bolsillos, los trabajadores mineros no dudaron. Y llegaron a desconocer a estos titanes del sindicalismo.

Allí fue que murió la Federación de Mineros. El edificio de la FSTMB ya no estaba en pie. En 1980 había sido demolido por Luís Arce Gómez, como adelantado de la inminente llegada de otro poder económico a la realidad boliviana, el poder del narcotráfico.

Algunos cuadros del sindicalismo minero fueron a alimentar con su experiencia a las bases de ese nuevo proletariado, el de la economía ilegal, de los cocales ilegales, de la “Economía canalla”, como la llama Loretta Napoleoni.

Simón no aportó a ese nuevo proletariado. Prefirió retirarse.

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