La fracción solidaria debería pagarse con dinero del Estado. Pero el Gobierno evitó colocarse esa carga y prefirió ponérsela a los aportantes...
Contrariamente a lo que sucede en el resto del mundo, donde las edades para la jubilación aumentan, en nuestro país se aprobó una ley que establece una sustantiva reducción de 65 a 58 o, incluso, a 55 años.
Parecería que en Bolivia hemos encontrado la fórmula mágica porque en ninguna otra nación del mundo se habla de bajar la edad para optar a una jubilación. Esa fórmula, de permitir que el sistema se mantenga en el tiempo, podría valer el Premio Nobel de Economía para sus autores. Podría ser, además, la solución para todos aquellos países del primer mundo europeo, y muchos del tercer mundo, que están afrontando constantes problemas sociales, manifestaciones de protesta, paros, huelgas y otros, por tener la necesidad de ampliar la edad de jubilación en uno o dos años.
Es difícil pensar que los cálculos denominados matemático-actuariales y las proyecciones de Bolivia sean diferentes de los otros países que nos llevan ventajas de decenas de años de desarrollo económico y social. ¿No será que aquí estamos pecando de un optimismo exagerado y que al final serán los afiliados a los sistemas de pensiones los que pagarán los platos rotos en éste que parece sólo un experimento?
Y el tema de la edad se refiere sólo a uno de los puntos complicados de este nuevo sistema que es posible que tenga sostenibilidad por algunos pocos años y ¿después... qué se hará? ¿Se dejará que sean los próximos gobiernos los que tengan la tarea de recoger los platos hechos añicos?
¿Es correcto acaso que un ente estatal, con el rótulo de independiente e idóneo, administre el dinero de los aportes laborales y patronales, resistiendo eventuales presiones de los gobiernos para entregarles este dinero? Es el Estado el que debe a los fondos de pensiones más de 3.000 millones de dólares por la venta de bonos. Ahora seguirá siendo deudor, pero al mismo tiempo pasará a ser administrador del dinero recaudado y a recaudarse.
Tampoco parece justo que sean sólo los aportantes y los empresarios los que paguen la fracción solidaria de las jubilaciones de personas que aportaron sólo por 10 años o que recibirían un baja renta. Entre éstos bien puede figurar gente que, al haberse dedicado al comercio, al contrabando o a ejercer tareas independientes bien remuneradas, acumuló riqueza y no requiera necesariamente de una renta de jubilación.
La fracción solidaria debería pagarse con dinero del Estado. Pero el Gobierno evitó colocarse esa carga en los hombros y se la puso a los aportantes, al no modificar el proyecto de ley y aprobarlo como estaba.
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