Transcurrido el tiempo y en la interpretación de los hechos pasados y recientes acaecidos en el país, ya no hay lugar ni para un atisbo de duda: con el poder que tiene absolutamente concentrado y que administra con mano de hierro, el Gobierno central no se anda en chicas cuando se trata de ajustarle las clavijas a sus opositores y de hacer entender al resto, a aquellos que pudieran estar intentando asomar o levantar la cabeza, que mejor la piensen dos veces, porque corren el riesgo inminente de perderla.
Al igual que contra gobernadores, alcaldes y otras autoridades democráticamente electas, pero que no son afines al oficialismo, aquella férrea mano ha comenzado a cerrarse sobre el cuello de un prominente empresario aeronáutico que incurrió en un desliz verbal durante un encuentro informal con periodistas extranjeros, cuando ya había sido colocado en la mira después de fuertes contrapunteos ideológicos con algunas figuras centrales del actual régimen masista.
Un aparatoso operativo policial encabezado por fiscales descolgados desde la sede de Gobierno y que actúan con una diligencia tal que no se observa en otros casos, derivó en las últimas horas en el allanamiento y precintado del garaje donde el empresario Humberto Roca Leigue guarda desde hace varios años una importante y costosa colección de automóviles que el propio Vicepresidente del Estado pudo apreciar en alguna oportunidad. Fue a invitación del mismo Roca Leigue, ahora ausente de Bolivia, argumentando razones de salud que, sin embargo, no han frenado una feroz e implacable arremetida judicial que apunta a su captura internacional para que enfrente los procesos iniciados en su contra por desacato, enriquecimiento ilícito y racismo, aunque ya y sin derecho al pataelo parece condenado de antemano.
Una torpe, provocadora y abusiva demostración del poder -que en cualquier momento puede encender el ánimo de la gente- volvió a darse en el referido operativo cuando cerca de medio centenar de policías fuertemente pertrechados gasificó el ambiente para desalojar a civiles que protestaban contra el allanamiento de la propiedad del empresario Roca, afectando sin más, incluso a otras personas que circunstancialmente se hallaban en el lugar.
La utilización de la fuerza bruta, la represión policial contra ciudadanos indefensos y que ya configura un luctuoso registro de enfrentamientos con efusión de sangre en el país, se ha vuelto recurrente en la proclamada gestión del ‘cambio’.
A Roca Leigue, el escarmentado de esta hora, ni siquiera por sus servicios humanitarios prestados a numerosos compatriotas enfermos y desvalidos, varados en playas extranjeras y cuyo retorno al país él facilitó con su dinero y aeronaves gratuitamente, se lo exime del abuso de poder que está levantando ronchas en el ámbito nacional.
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