Más problemas en el caso Chito. Una fuente oficial de la Corte Superior de Justicia de Lima reveló que hasta ayer el Gobierno boliviano no solicitó formalmente ni la deportación ni la extradición del ex prefecto paceño Luis Alberto Valle Ureña, de 68 años. No obstante, una comisión de alto nivel realiza gestiones para la expulsión de la ex autoridad desde el fin de semana. Incluso la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, anunció el lunes que hay una resolución biministerial del Perú que pide a la justicia la inmediata entrega de Chito. Valle es acusado en Bolivia de cinco delitos que involucran un desfalco al Estado por 17,7 millones de dólares. Su juicio de responsabilidad fue suspendido el 30 de marzo del año pasado, cuando fue declarado rebelde y contumaz por haberse dado a la fuga. Pero el viernes 20 fue capturado por la Policía Internacional en Lima. La fuente judicial peruana informó ayer que el Gobierno boliviano dispone de 60 días para formalizar el exhorto suplicatorio que pida la deportación o extradición del ex Prefecto, para que luego sea analizado por la justicia del país vecino. Esos dos meses son el tiempo máximo que Valle puede permanecer recluido en el penal de San Jorge. Desde ayer, este caso se halla en manos del quincuagésimo segundo Juzgado Penal de Lima, dirigido por el juez Omar Ahomed Chávez. El miércoles, el presidente en ejercicio boliviano, Álvaro García Linera, criticó al vecino país por el retraso en la expulsión de Chito. “Tenemos que lamentar la falta de voluntad política del Gobierno de nuestra hermana República (…) La situación del señor Chito Valle es irregular en Perú, y cuando una persona ha sido encontrada en situación irregular migratoria, se lo expulsa, no se judicializa el tema”. Dijo que dos ministros peruanos, de Justicia y del Interior, pidieron la deportación, pero que la decisión está en manos judiciales, lo que retrasa el trámite. Agregó que un juzgado de Lima tomará decisiones y exhortó a Perú a que cumpla todo en “el marco de la legalidad” y del “respeto mutuo” de ambos gobiernos. Desde Seúl, el presidente Evo Morales señaló: “No quisiéramos que Perú se convierta, como Estados Unidos, en un refugio de corruptos que escapan para eludir a la justicia que los procesa por irregularidades y malversación de millones de dólares”, en alusión a que en Norteamérica están el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex prefecto Manfred Reyes Villa y los ex ministros Jorge Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, aclaró días atrás que el futuro de Luis Alberto Valle está en manos de la justicia. Según ANF, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, recomendó al Gobierno “tener la máxima prudencia. La decisión que vaya a tomar el Estado peruano es soberana y va a adecuarse a su normativa interna”. La Prensa intentó comunicarse con el embajador boliviano en Perú, Franz Solano, pero éste no respondió a los llamados y una fuente gubernamental informó que él recibió la orden de no referirse al caso. La Corte Suprema analiza el caso La Corte Suprema de Justicia de Bolivia comenzó ayer el análisis de la situación legal del ex prefecto Luis Alberto Valle, quien afronta una posible deportación o extradición al país, según ANF. Su presidente, Julio Ortiz, dijo que la Corte dará a conocer una posición una vez que Valle retorne a territorio nacional, y que mientras tanto el criterio del Tribunal es el de aguardar una definición de la situación del procesado. Dijo que en la Corte Suprema existen “diversos criterios” que deben ser analizados por la Sala Plena, aunque señaló que en el fondo los ministros tienen una posición común respecto del juicio de responsabilidad. Valle está en una cárcel VIP El ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle está recluido en la cárcel limeña de San Jorge, reservada para delincuentes sin antecedentes penales o cuyos delitos no sean de extrema gravedad y que tengan un nivel de educación superior. Por ello, es definido como un reclusorio de reos primarios. Según fuentes judiciales peruanas, es “una cárcel VIP”. El rotativo limeño La República reveló en enero que en el recinto se cometen irregularidades. En ese centro se encuentran 45 internos, la mayor parte ex funcionarios del régimen de Alberto Fujimori. El diario informó que los presos de ese pabellón ordenaban entregas expresas de pizzas Hut, pollo frito Kentucky Fried Chicken y hamburguesas Norkys hasta la medianoche. También allí estuvieron los reclusos por corrupción encabezados por el ex comandante general Nicolás Hermoza, Juan León Varillas y Rómulo León Alegría, quienes han mantenido ciertos privilegios, como el pedido de cambiar el día de sus visitas femeninas.
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