Frente a esa realidad, no queda sino expresar a los colegas de La Nación y Clarín de Argentina nuestro sentimiento de solidaridad
La burda acusación de la presidenta de Argentina en contra de los prestigiosos periódicos La Nación y Clarín, que tiene por objeto que el gobierno se apodere de la principal fábrica de papel periódico de ese país, es una muestra más de que la ideología autoritaria se abre campo incluso en naciones donde, se creía, el respeto a la libertad de información y expresión se había convertido en un principio inviolable.
El pecado de ambos medios ha sido, primero, asumir una posición crítica respecto a las gestiones del matrimonio presidencial y, luego, develar con arte de orfebre la grosera corrupción que ostenta esta pareja y sus principales colaboradores, muchos de ellos con importantes relaciones con el gobierno del MAS en Bolivia. En esta tarea, las non sanctas relaciones con el gobierno del histriónico mandatario venezolano salieron a luz a través de estos medios, particularmente a partir del descubrimiento de la internación a Argentina de un maletín con más de 800.000 dólares presuntamente enviados por el Gobierno venezolano para apoyar la campaña de la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner así como el pago de “comisiones” a empresas creadas expresamente para viabilizar la exportación de productos agropecuarios de Argentina a Venezuela y el establecimiento de una “diplomacia paralela” entre Buenos Aires y Caracas para concretar jugosos negocios entre gente de confianza de ambos mandatarios.
Y como para los mandatarios con vocación autoritaria y hegemónica los medios independientes son un obstáculo a derribar, como en Venezuela, en Argentina han procedido a impulsar acciones dirigidas, primero, a copar, de manera similar a las peores dictaduras que la región soportó en las décadas de los 60 y 70, los medios estatales; luego a crear medios paraoficiales; cooptar medios independientes a través de la distribución de la publicidad estatal, y ahora a atentar en contra de los medios que se resisten a caer en esa tentación. En el caso argentino, tratando de asumir el control de la distribución del papel periódico.
Más allá de la forma inescrupulosa con la que se ha armado la acusación en contra los periódicos mencionados, es necesario destacar, ya sin sorpresa a estas alturas de la historia, cómo entidades gremiales, políticas y sociales y personalidades (entre ellas algunos comunicadores y periodistas) que hasta el advenimiento de estos regímenes populistas postulaban la defensa de los derechos humanos, y entre ellos el de información y comunicación, hoy asisten como aliados o asesores o asumiendo silencios cómplices a estos experimentos cada vez más claramente autoritarios.
En este contexto, cabe reiterar que la construcción de la democracia es un proceso inacabado. En cualquier momento pueden aparecer proyectos que intenten destruirla para dar paso a experimentos autoritarios que, si nos atenemos a la historia, sólo conducirán al desastre. Frente a esa realidad, no queda sino expresar a los colegas La Nación y Clarín de Argentina nuestro sentimiento de solidaridad y el compromiso de que saldremos a defender el derecho a la información y la comunicación, quien sea que decida violentarlo.
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