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miércoles, 7 de julio de 2010

Joaquin Morales Solá repite sus sabias reflexiones cuando relaciona la manida manera de acudir al insulto y las ofensas para dañar al opositor

Sólo la percepción de la decadencia explicaría la instalación de un gobierno de hombres duros, permanentemente enojados. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, perfeccionó en los últimos días su ingenio cotidiano para ofender. El canciller Héctor Timerman se parece cada vez más a un panelista constante de esos hiperkirchneristas programas de televisión en los que nadie explica nada, pero todos analizan despectivamente a los opositores y al periodismo no oficialista. El propio ministro Julio De Vido hizo conocer su opinión en público, casi por primera vez en siete años, para inculparse y tratar también con un humor de perros a los periodistas y a los opositores.

Los Kirchner nunca dirigieron un gobierno amable, pero hubo un tiempo en el que los enojos y los retos eran un monopolio de la diarquía gobernante; es decir, de Néstor y Cristina Kirchner. Nadie más maltrataba ni insultaba, aunque, todo debe decirse, Aníbal Fernández protagonizó algunas célebres excepciones. Todos los demás trataron siempre de suavizar en reserva lo que ya era demasiado ríspido en público. ¿Qué sucedió ahora para que se haya designado, por ejemplo, un canciller que se ocupa casi exclusivamente de difamar a los medios periodísticos? La historia señala que los gobiernos se radicalizan cuando ven que se acerca el fin o cuando admiten frente a un espejo implacable que les tocó vivir la mala hora. Timerman volvió a menear una acusación ("existe una conspiración destituyente") que el kirchnerismo sólo usó cuando se abatió sobre él la derrota política. Fue en 2008, al final de la guerra perdidosa contra los productores rurales.

Ahora no son los hombres de campo los que acosan al oficialismo, sino la oposición política en el Congreso. La sociedad argentina se ha despertado del exitismo mundialista, pero más grave que eso son, dicen inmejorables funcionarios, los avances opositores en el Parlamento. Aníbal Fernández tuvo el mérito de reconocer lo que parecía una deducción: el Gobierno patalea ante la probable necesidad de vetar el proyecto de ley del 82% móvil para los jubilados. ¿Cómo explicará que la Anses no tiene plata que financiar ese aumento, pero sus recursos pueden, en cambio, sufragar necesidades políticas de los gobernantes? No hay tormento mayor para los Kirchner que tomar una decisión que será a todas luces impopular.

Otras dos decisiones parlamentarias no podrán ser vetadas porque son facultades propias del Congreso. Una de ellas es la constitución de la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia, que ya existía, con mayoría y presidencia opositoras. Esta resolución de la oposición provocó una muy dura discusión de los opositores con el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, otro que perdió la vieja compostura política que supo tener. La restante decisión del Congreso será la de negarle al Ejecutivo una prórroga de las facultades delegadas, que tampoco el Gobierno podrá vetar, y que incluye la recuperación por parte de los legisladores de fijar las retenciones a las exportaciones.

Esas decisiones políticas erosionarán el núcleo duro de la conducción kirchnerista, porque le sacarán la caja, la información privilegiada, las operaciones encubiertas y la arbitrariedad para administrar el Estado. Esta conclusión explicaría la razón de tanto enojo oficialista.

El discurso no es sólo retórico, sino amenazante y, en algunos casos, impolítico para los propios intereses del Gobierno. Un caso claro de esta última naturaleza es la decisión de plantear, con el proyecto del matrimonio gay, una batalla cultural con la Iglesia, que no hace más que fortalecer a los sectores eclesiásticos más conservadores. En la última asamblea del Episcopado, el sector de obispos moderado, liderado por el cardenal Jorge Bergoglio, perdió una votación crucial sobre este tema con el ala conservadora que capitanea el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. En tanto Aguer se negaba a cualquier concesión sobre el problema, los moderados plantearon su oposición al uso del término matrimonio, pero dejaban al gobierno de la sociedad la resolución de un problema social que existe.

A su vez, Aníbal Fernández le advirtió en su blog al columnista de Clarín Eduardo van der Kooy que le costará conseguir trabajo cuando "se horizontalice la información"; es decir, cuando rija la nueva ley de medios. ¿Será la ley de medios una garantía para la libertad de expresión, como lo dijo Cristina Kirchner, o será la oportunidad para que el oficialismo colonice los medios, como lo insinúa su jefe de Gabinete? Más tarde, Cristina Kirchner se mostró maternal y comprensiva con la selección argentina. Fue sólo una excepción entre tantas provocaciones, denuestos y reproches, pero excepción al fin.

Un día antes, el acorralado ministro De Vido dio un comunicado en el que intentó aclarar la oscuridad en las relaciones con Venezuela. No lo logró, pero descalificó a los diarios La Nacion y Clarín con el argumento de que son "socios en Papel Prensa", como si se tratara de una prueba definitiva sobre la culpabilidad de algún incierto delito. Esa sociedad es pública desde hace más de 30 años, cotiza en Bolsa y nunca impidió la natural competencia entre ambos diarios. De Vido confirmó la vieja ley de los políticos incurables que indica que cuando se carece de una defensa eficaz es mejor instalar la idea de que todos son iguales.

De Vido hizo algo peor: adujo, para proteger a su ex secretario privado José María Olazagasti, actual responsable del ceremonial de su cartera, que en el Ministerio de Planificación no existen honores, cargos ni medallas para desempañar algunas funciones. Se refería a las gestiones paralelas de Olazagasti en Venezuela como reemplazante del otrora todopoderoso Claudio Uberti.

Ya es raro que el ministerio de De Vido se ocupe de asuntos comerciales con Venezuela cuando existen una Cancillería, un Ministerio de la Producción y otro de Economía. Pero este último argumento es más extraño aún: ¿qué hacen los funcionarios formales de su cartera si las misiones específicas las puede cumplir cualquiera en medio de la informalidad?

Todas esas preguntas interpelan a un gobierno sin respuestas, condenado a vivir cada vez con márgenes más estrechos de poder y confinado al recurso último de ultrajar y ofender. Recurso que nunca sirvió de nada.


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