El Gobierno del presidente Evo Morales pretende neutralizar a los gobernadores que tienen procesos penales. En el proyecto de Ley Transitoria de Autonomías propone que los ejecutivos departamentales electos que tengan acusaciones penales serán suspendidos de sus funciones y, según la oposición, el mandato busca sacar de sus cargos a las tres autoridades departamentales opositoras que afrontan procesos por malversación de fondos y otros delitos.
El proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales y de la Autonomía Regional del Chaco que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional el martes anterior, en su artículo 8 (Suspensión Temporal de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental), señala que: “La Gobernadora o Gobernador podrá ser suspendida o suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre ella o él acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de posesión o durante el ejercicio del mandato”.
El jueves, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, dio varios detalles del proyecto en conferencia de prensa, pero no mencionó ese artículo y a los periodistas se les entregó un resumen ejecutivo, en el que tampoco se incluía este punto.
Los senadores opositores Germán Antelo y Centa Reck, ambos de Convergencia Nacional, revelaron, en conferencia de prensa, la existencia de ese precepto y afirmaron que el Ejecutivo busca “decapitar” a los gobernadores electos que son opositores a Morales, pues se los pretende suspender de sus funciones a simple denuncia.
“No lo vamos a aceptar ahora ni nunca”, aseguró Antelo, mientras su colega Reck dijo que los gobernadores Rubén Costas, de Santa Cruz; Ernesto Suárez, de Beni, y Mario Cossío, de Tarija, no podrán asumir sus nuevas funciones el 30 de mayo. “Es la decapitación, es la guillotina de Robespierre que anunció el vicepresidente (Álvaro García Linera)”.
Las tres autoridades departamentales tienen procesos legales abiertos, por la organización de referendos para la aprobación de estatutos autonómicos en 2008, que no tuvieron autorización del Congreso Nacional.
La senadora oficialista y presidenta de la Comisión de Autonomías en el Senado, Gabriela Montaño (MAS), argumentó que no es el Gobierno el que suspenderá a los gobernadores, sino la Asamblea Legislativa Departamental, así lo dispone la Ley Transitoria.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que, en todo caso, será como una licencia para que el Gobernador acusado “se defienda” en el proceso judicial, y si es inocente, volverá a ocupar su cargo. El proyecto de ley dice que “la acusación formal presentada ante el Tribunal o juez competente, será comunicada por el Fiscal a la Asamblea Departamental, a efectos de que tome conocimiento de aquélla y designe sin mayor trámite a la Máxima Autoridad Ejecutiva interina”. Según Montaño, será “en el debate de la Comisión y el plenario (de la Asamblea Legislativa) donde se verá si es suficiente una acusación formal o si tiene que haber un proceso finalizado (para la suspensión)”.
Reacciones
Las reacciones de las gobernaciones opositoras no se dejaron esperar. El vocero de la agrupación Verdes, Óscar Urenda, opinó que la norma que pretende aprobar el oficialismo es inconstitucional porque afecta la presunción de inocencia, ya que sólo “con sentencia ejecutoriada se puede alejar del cargo a las autoridades”. Según Urenda, ese frente está en alerta y buscará “a través de todos los medios impedir que avance la medida”.
Para el secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, con ese artículo “se crea una gran ingobernabilidad”, pues todos podrán presentar denuncias. Adelantó que el lunes asumirá una posición oficial.
Mauricio Paz, ex vocero del gobernador Ernesto Suárez, dijo que existe la intención del Gobierno de desestabilizar a la oposición; mientras el presidente del Comité Cívico del Beni , Felcy Guzmán, convocó a una reunión de emergencia para asumir medidas.
En Tarija, la agrupación Camino Al Cambio (CC), del ex prefecto Mario Cossío, a través de su delegada, Sara Cuevas, afirmó que la propuesta del Gobierno “vulnera los derechos políticos y ciudadanos que están garantizados en la Constitución, como la presunción de inocencia”.
La presidenta del Comité Cívico Tarijeño, Patricia Galarza, dijo que la entidad cívica se declaró en estado de emergencia.
Interinatos
Según el artículo 9, parágrafo II, del proyecto de Ley (de Procedimiento), “si como resultado del proceso judicial la autoridad jurisdiccional (juez) pronuncia sentencia condenatoria, se procederá a una nueva elección para completar el respectivo periodo constitucional”.
En la Gobernación de Santa Cruz no le será fácil al Movimiento Al Socialismo designar a una autoridad interina que esté identificada con el oficialismo, pues no tiene mayoría absoluta como establece el proyecto de ley. Los asambleístas del frente Verdes, de Costas, suman 12, en tanto que el MAS sólo tiene nueve.
En el caso del Beni, donde el gobernador electo es Ernesto Suárez, su agrupación Primero Beni tiene 11 asambleístas y el MAS, 10; por lo que necesariamente tiene que hacer alianzas.
La situación en Tarija se presenta más favorable al oficialismo, pues el frente de Cossío y del MAS tienen igual número de asambleístas, y éste último puede tener el respaldo de los representantes indígenas o hacer alianza con el frente Poder Autonómico Nacional (PAN), liderada por Wilman Cardozo, representante del la provincia Gran Chaco.
En el caso de las demás seis gobernaciones, controladas por el MAS, ninguna de las autoridades ejecutivas tiene procesos penales abiertos en su contra.
Los opositores rechazan la norma y anuncian acciones en contra.
Evo posesionará a nuevas autoridades
El presidente Evo Morales posesionará a los nuevos gobernadores departamentales el próximo 30 de mayo, cuando se dé inicio al régimen autonómico.
El artículo 4 del proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales y de la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño dice que el Mandatario “tomará juramento de posesión” a esas autoridades.
El Presidente de la República, en el anterior régimen prefectural, también era el que posesionaba a los prefectos. Las asambleas departamentales iniciarán sus labores bajo el mismo mecanismo que la Asamblea Legislativa Plurinacional: se elegirá una directiva ad hoc que dirigirá las sesiones preparatorias y elegirá a una directiva por mayoría absoluta, que será la encargada de tomar juramento a los asambleístas. Mientras no tengan un reglamento interno para su funcionamiento, se regirán con el Reglamento de la Cámara de Diputados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario