Más de una vez hemos señalado desde esta columna editorial que antes de impulsar cualquier proceso de despenalización del consumo y de la tenencia de estupefacientes, habría que discutir si el país posee adecuadas políticas de prevención de la drogadicción en niños y adolescentes.
Es que una despenalización sin educación sobre los graves trastornos y peligros que para la salud implican las drogas sólo agravará los males y se convertirá en una bomba de tiempo para las próximas generaciones.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el cual se despenalizó la tenencia de estupefacientes en dosis mínimas para consumo personal, se ha abierto un debate que seguramente precederá a un proyecto de ley oficial, con el fin de modificar la legislación nacional en materia de drogas.
La sentencia del máximo tribunal también reclama del Estado una mayor acción contra el tráfico de sustancias peligrosas y medidas para favorecer la recuperación de los adictos.
Nadie puede negar que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
El alcance de este artículo para justificar la despenalización de la tenencia de drogas es muy discutible. Entre otras cosas, porque el consumo de estupefacientes, a corto o a largo plazo, no sólo genera efectos perjudiciales para el consumidor, sino también para su familia, su entorno y la sociedad en su conjunto, que deberá contribuir a financiar la necesaria asistencia estatal para el adicto. Un caso emblemático es el de quienes se drogan para delinquir, lo cual aumenta la violencia de sus actos.
Es cierto también que, en la mayoría de los casos, el consumidor de drogas es un enfermo que requiere ayuda antes que la prisión. Pero, en rigor, el consumo de estupefacientes en nuestro país nunca fue punible, al tiempo que, pese a todas sus posibles imperfecciones, la legislación vigente propicia un tratamiento obligatorio para aquellos consumidores que quedan inmersos en una acción judicial.
En efecto, la ley 23.737 estipula que en aquellos casos en que alguien es encontrado con drogas en su poder para uso personal y existe una dependencia física o psíquica de la sustancia, el juez debe imponer una medida de seguridad curativa, consistente en un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario, por lo que se deja en suspenso la pena que pudiera corresponderle. Puede discutirse, en cambio, si el Estado cuenta con los medios indispensables para garantizar esa clase de tratamientos.
Desde algunos sectores se ha defendido la despenalización del consumo y la tenencia de las denominadas "drogas blandas", como la marihuana, supuestamente por su inocuidad. Se trata de un argumento absolutamente falaz. Por ejemplo, la marihuana tiene, según especialistas, un efecto mucho más devastador que el tabaco. Duplica sus cancerígenos y posee efectos alucinógenos que alteran la química cerebral; además posee componentes que pueden desatar brotes psicóticos, tal como lo ha señalado el médico Eduardo Kalina, especialista en psiquiatría y en adicciones.
Otro aspecto no menor de una despenalización que no esté bien regulada será la facilitación de la comercialización de drogas al por menor. Cualquier vendedor minorista de estas sustancias a quien se le encuentre una pequeña cantidad de estupefacientes esgrimirá que está destinada a su consumo personal. Y, como se sabe, la droga que se les vende a los adolescentes, en cercanías de la escuela o en los locales bailables, se comercializa en dosis pequeñas. Lo mismo podría decirse de tantos barrios humildes o villas de emergencia, donde el paco está haciendo estragos. Ese será uno de los peligros más concretos que la posición despenalizadora de la tenencia nos hará correr.
Es de esperar que la posición que ha asumido la Corte no se traduzca en normas que flexibilicen el expendio de drogas y que quienes tienen en estudio la futura legislación se preocupen verdaderamente por sumar opiniones que deriven en una política de Estado que refleje una real voluntad para enfrentar el flagelo de la drogadicción, con adecuadas estrategias educativas y con eficaces mecanismos para perseguir a los mercaderes de la muerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario