Esteban Farfán exclama "nos mamaron" se burlaron de nosotros Quintana y Romero. firmaron el acta y acto seguido "no tendrá valor el estudio será sólo una referencia" (Fragmento)

No es posible que el pueblo haya hecho tanto sacrifico para obtener un resultado tan pobre/escaso. Un verdadero fiasco. No se puede entender cómo autoridades/dirigentes con mucha experiencia se dejaron engañar fácilmente. O es que ha existido alguno “arreglos” discretos que nosotros no sabemos.

No es posible creer que en la comisión no haya existido una persona que alguna vez haya leído la Constitución, pues las competencias privativas (una de las cuatro), son indelegable e intransferible (Art. 297.1). La competencia de hidrocarburos es una competencia privativa del nivel central (Art. 298.18), por lo que la misma no se puede traspasar a un nivel inferior para su ejecución. Además, para rematar esto, YPFB “no puede transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente” (Art. 361.II).

Lo que dijeron los ministros de la Presidencia y de Gobierno en Sucre, confirma nuestra hipótesis realizada en los medios de comunicación después del acuerdo de Santa Cruz. El Gobierno ha confirmado que la acta firmada fue sólo con el objetivo de desactivar la medida de presión. Quintana ha manifestado claramente que el único estudio que tiene validez es el de YPFB.

De esto podemos extraer dos hipótesis. Primero que nuestros representantes se hicieron engañar como a niños, como a retardados mentales. O, algo hubo debajo de la mesa para que se acepte los términos de este acuerdo, porque los mismos son una verdadera burla.

Se ha filtrado que dos alcaldes aliados al MAS jugaron un papel determinante en el fracaso de la negociación porque lograron pinchar la presión que hacían los demás fijando posiciones contrarias a los intereses de la región. Un grupo reducido se ha plantado en la defensa del mandato del pueblo tarijeño, pero la mayor parte del grupo funcional y obsecuente (masistas y aliados) al MAS, ha presionado al grupo menor para torcerles el brazo como sea. De por medio hubo disparos verbales, forcejeos, acusaciones hasta intentos de pugilato.

Hay varios que tienen una veintena de serias acusaciones de corrupción y que mientras están de aliados, los procesos están congelados en la Fiscalía. Estos que son vulnerables jurídicamente, son los obsecuentes/traidores, y no son masistas. Varios de ellos coincidentemente (aunque en política no hay coincidencias), a última hora se sumaron a la comisión con el claro objetivo de echar a perder todo, por mandato del Gobierno.

Lo que ha llamado la atención es que el documento firmado, no contiene las firmas de los ministros del Gobierno. Aunque parece un asunto de forma, es importante.

Un análisis rápido del documento se deduce que el resultado es un fracaso/frustración/chasco porque la demanda de Tarija y el Chaco era sencilla; la anulación del proceso de contratación, es decir volver a fojas cero como dicen los abogados. Se ha pedido

Un error de proporciones de la delegación ha sido no hacer las consultas con sus bases para tomar las decisiones. El grupo reducido de cortesanos del Gobierno

Un aluvión/riada auspiciado por el Gobierno ha hecho pasar a 45 líderes regionales a la reserva por este craso error que sin duda tendrá consecuencias funestas en su futuro político.

Tarija no tuvo la capacidad de posicionar el tema favorablemente en la opinión pública explicando de forma correcta la demanda, a diferencia de Chuquisaca que se ha presentado como víctima de la voracidad y egoísmo de Tarija. Nosotros contamos con muchos quintacolumnistas que patearon en contra del arco nuestro.

El Gobierno Nacional está intentando por todos los medios cubrir las heridas de la Calancha a costa de Tarija, por ello ese comportamiento consecuente con Chuquisaca.

Está claro que hemos perdido vergonzosamente, y ahora ¿qué vamos a hacer? El pueblo del Chaco y Tarija no debe bajar los brazos, ni cerrarse en no volver a la lucha cuando corresponda porque se vienen tiempos muy difíciles. El Gobierno volverá a arremeter contra Tarija. Hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Lo que si debe ocurrir es que debemos cambiar de generales, éstos deben pasar a la reserva. Los traidores están plenamente identificados, el pueblo sabe que hay que hacer con estos. Esta vez nos mamaron, pero el pueblo es muy inteligente y prevenido, por lo que no hay segunda.

Nuestras voluntades no se venden, nuestras convicciones no se negocian, nuestros ideales no se doblegan, nuestros derechos no se pisotean. (Yacuiba 28/01/12).

Esteban Farfán Romero, es periodista, analista político y docente.

nuevas represalias contra la oposición. Reyes Villa acusado sin pruebas. revancha evista por sus fracasos

Convergencia: Gobierno responde con represalia y abuso judicial

La Paz, 26 Ene. (ANF).- Convergencia Nacional calificó de represalia judicial y cortina de humo la nueva imputación judicial interpuesta contra su principal dirigente el ex prefecto de Cochabamba y ex candidato Presidencial, Manfred Reyes Villa, a causa de la ausencia de esta fuerza de oposición en el diálogo convocado por el presidente Evo Morales

El diputado de Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz, recordó que se pidió al Jefe de Estado amnistía y el debido proceso para Reyes Villa y la libertad para Leopoldo Fernández, pero el Gobierno optó por responder con el “recrudecimiento de hostilidades” contra los opositores tal es el caso de los gobernadores Ernesto Suárez y Rubén Costas.

Reyes Villa, sobre quien pesan más de una decena de demandas interpuestas por el gobierno del MAS, fue recientemente imputado por la venta supuestamente irregular de un inmueble de su propiedad durante la campaña presidencial 2009.

Según explicó el abogado defensor de Reyes Villa, Alberto Trigo, en conferencia de prensa a medios cochabambinos, el caso es de derecho privado y no existiría ningún afectado que haya interpuesto demanda, sino que el gobierno se ha constituido en parte en un contrato de venta entre dos particulares.

“Es inadmisible que el disgusto del gobierno por nuestra ausencia en su cumbre política se traduzca en una respuesta como la re-judicialización de Manfred, no dejaron que pasara ni una semana y ya los fiscales del gobierno se encargaron de recordarnos a quién sirve la justicia en Bolivia”, manifestó Muñoz.

Considera que el presidente Morales necesita distraer la atención de la opinión pública para minimizar su acelerado desgaste político a causa de la violenta represión a la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) registrada el 25 de septiembre de 2011, la derrota en las elecciones judiciales donde el voto nulo y blanco se impuso, las elecciones municipales de Sucre y Quillacollo con resultados contrarios para el MAS, los hechos luctuosos de Yapacaní que dejaron tres muertos.

La indiferencia de las autoridades gubernamentales contra la caravana de las personas con  discapacidad, el desmesurado crecimiento del narcotráfico en el territorio nacional y el “estancamiento del desarrollo productivo en el país, la baja ejecución presupuestaria en los gobiernos departamentales y municipales que se encuentran en manos del partido en función de gobierno, “son los hechos que el gobierno quiere tapar”, sostuvo Muñoz.

“Nosotros fuimos los que en el año 2002 encauzamos el verdadero proceso de transformación, pero nuestra propuesta era de un cambio positivo, de unidad, inclusión, democracia, pluralismo, respeto a los Derechos Humanos, desarrollo económico y no de una política estéril frente al narcotráfico. Bolivia sabe que somos portadores de una vocación patriótica, de una capacidad de trabajo transformador de las estructuras y de una voluntad unitaria que no se rendirá ante la adversidad; por eso el régimen nos persigue, nos calumnia y nos reprime. Haga lo que haga el gobierno, su deslegitimación es cada vez más acelerada y las cortinas de humo solo hacen que su desgaste sea nítidamente visualizado nacional e internacionalmente”, dijo el legislador.

Carlos Mesa quién exhibe gran calidad como historiador, como escritor y político resume los 6 años de EM a partir de "neoliberal" y "cambio" palabras claves

Colocar las dos palabras “neoliberalismo” y “cambio” en su exacto lugar, nos permitirá evaluar correctamente las cosas que han dejado de ser y las cosas que han comenzado a ser desde 2006, sin que un imaginario abismo separe un momento histórico del otro

Hasta ahora los gobernantes han logrado posicionar dos palabras con gran éxito, una para el pasado y otra para el presente, y ése es uno de sus mayores éxitos en estos seis años (que no son pocos). Para el pasado democrático la palabra instalada que usan incluso los más duros opositores, es “neoliberalismo”. Para el presente la palabra que usan todos es “cambio”, pero en este caso sumada a “proceso”. El “proceso de cambio” es una consigna, una definición, una idea-fuerza extraordinariamente exitosa, porque implica la transformación, da por hecho que todo lo anterior desapareció y fue sustituido por algo nuevo, un camino que se está recorriendo.

Es indudable que Morales llegó en 2006 montado en una ola que fue en realidad un tsunami. Por diversas razones la elección del 2005 expresó la voluntad mayoritaria de los bolivianos de cambiar, de cerrar formalmente la página histórica que se había cerrado en las calles en octubre de 2003. Dos líneas confluyeron en ese momento; el posicionamiento definitivo de los indígenas en el centro del poder a través de alguien que los representaba directamente, y la concreción de la reivindicación histórica de las autonomías.

Ninguna de las dos era el comienzo de nada, por el contrario, ambas significaban la culminación de un largo tránsito con su propia historia, sus etapas, sus personajes y sus conquistas. La centralidad indígena comenzó a gestarse de manera clara en 1952 y la demanda autonómica comenzó a cristalizar en las luchas cívicas de Santa Cruz a fin de los años 50 (en direcciones distintas, las dos se produjeron durante los gobiernos de la Revolución Nacional).

La primera tarea para poder hacer una lectura correcta de lo que estamos viviendo hoy es desenmascarar la consigna, rechazar la palabra “neoliberal” para caracterizar un periodo extraordinariamente valioso en avances, no sólo de la democracia, sino de la inclusión y las autonomías. Las medidas revolucionarias a favor de los indígenas de los 50 y las luchas desde las regiones contra el centralismo, fueron impulsadas de modo decisivo entre 1982 y 2006.

El cambio que hoy se cacarea con tanta fuerza no hubiese podido darse sin la Reforma Constitucional de 1994 que reconoció la nación pluricultural y multiétnica. No se puede entender sin las leyes de Reforma Educativa cuyo espíritu copia la Avelino Siñani adornada con lenguaje y retórica “descolonizadora y revolucionaria”, Participación Popular el verdadero punto de partida de las autonomías indígenas y de las autonomías departamentales. Ni que decir del triunfo de los marchistas del oriente y su reconocimiento por el Gobierno en 1990, la Ley INRA que estableció parámetros claros de responsabilidad económica y social de la tierra, impuestos sobre los latifundios y reconocimiento de tierras comunitarias de origen y de tierras comunales andinas.

La Reforma Constitucional de 2004 incorporó la Asamblea Constituyente y creó la figura de los referendos. Además, en 2005 el Gobierno convocó a la elección directa de prefectos.

Todo aquello se pretende borrar hoy de la memoria colectiva nacional, y se omite a nivel internacional para convencer a la comunidad internacional que este Gobierno lo inventó todo.

Si los gestores y publicistas del actual régimen tuvieran un mínimo de honestidad intelectual encadenarían, como se hizo en todo el periodo democrático anterior, los logros del conjunto de la sociedad boliviana en los últimos 60 años (en este 2012 se cumple precisamente el sexagésimo aniversario de la Revolución de 1952) como parte de la explicación de lo hecho a partir de 2006. Sólo así podremos entender y reconocer el proyecto histórico pergeñado el 2005 y concretado entre bandazos en el periodo 2006-2009, cuando se redactó una Constitución entre cuatro paredes, mientras los constituyentes y el país entero se polarizaban y se enfrentaban de modo dramático e irracional.

Lo que Morales hizo en su primera gestión fue profundizar las ideas de inclusión y no discriminación ya existentes, fortaleciendo al máximo la presencia indígena. Optó por un reconocimiento explícito de los indígenas a diferencia del reconocimiento implícito de la Constitución de 1967, dio el salto de lo pluri multi a las “naciones”, cuyo elemento más significativo es la justicia comunitaria. Lo que aún está en debate, pues no está nada claro, es cómo se expresan o expresarán como entidades nacionales dentro de la nación boliviana.

En lo económico trató de profundizar sin demasiado éxito el cambio planteado por el Referendo de Hidrocarburos de 2004. Su política falsamente “nacionalizadora” se estrelló contra una dura realidad, pésima gestión de los hidrocarburos. En otros ámbitos tuvo serios problemas iniciales en la fundición de estaño y una terrible realidad de insuficiencia en la generación de energía en las eléctricas. Si a ese panorama le sumamos los arbitrajes internacionales pendientes, la línea nacionalizadora no ha hecho otra cosa que naufragar.

Colocar las dos palabras “neoliberalismo” y “cambio” en su exacto lugar, nos permitirá evaluar correctamente las cosas que han dejado de ser y las cosas que han comenzado a ser desde 2006, sin que un imaginario abismo separe un momento histórico del otro.  
 

sin respeto por la vida humana. Daniel Pasquier puntualiza el desprecio por la vida que manifiesta EM ante diversas circunstancias

Desde lejos, los detalles se pierden y destacan las grandes líneas, el horizonte. Así aparece el 11 de enero en la historia nacional, esta vez recogida en Yapacaní; desde lejos. Varios civiles muertos, casi un centenar de heridos (incluyendo varios policías), después de un conflicto prolongado en el cual nadie respetó la ley. Pero, un arreglo económico con los familiares de los que ya no podrán participar de otro conflicto, y se pasa la hoja. Hasta los detenidos fueron liberados. Ya no interesa hablar de los motivos de la disputa, quienes participaron, en qué circunstancias fueron abatidos como bandidos ciudadanos corrientes. De quienes son los responsables. La solución es un éxito a criterio del gobierno. La tranquilidad ha vuelto al pueblo.

Si ordenamos algunos valores, como la honra, la libertad física psicológica política espiritual, encontraremos al final, la vida. Como condición previa a todas las demás. De cuanto valoramos la vida en general, en la teoría, y la respetamos en lo particular, en lo que es nuestra realidad y la de los otros, se juega el destino del resto de los valores. Cuanto más respeto por la vida, más valor agregaremos al conjunto de libertades que posibilitan nuestro desarrollo en sociedad.

Es curioso, miles de títulos demuestran el interés por la democracia, la libertad y otros temas, pero el hecho de que la vida y la muerte sean algo “negociable” ha pasado desapercibido. La tribu; la tribu de siempre. El comportamiento menos organizado, el menos evolucionado, la sociedad del tan-tan, presentes. Los caídos no tienen deudos; solo herederos. El poder lo sabe. Entra en la puja, copa y gana. Pero, después de este primer acto, cómo queda ese grupo humano, si para la condición de humano se requiere el reconocimiento de la vida como algo supremo, independiente de los poderes de los hombres. Nadie tiene derecho a quitar la vida de un ser humano. Como nadie tiene el poder de darla. Y al atentar contra ella se ha puesto en marcha del retorno a la barbarie. Si el caso fuera la excepción….pero no es el primer escenario, muy al contrario, se ha hecho recurrente en los últimos años: Huanuni, Porvenir, La Calancha, Caranavi, El Torno, entre tantos.

La vida, fuera del poder del Estado. Si es absolutamente rechazable el sometimiento del destino de un ser humano a la voluntad de otro, mucho más lo es que sea cuestión de Estado. La violencia que provoca la muerte de ciudadanos, aunque enfrentados en diversas disputas, debe ser condenada. ¿Cabe algo peor que la sospecha de que el poder ejercido desde el aparato coercitivo del Estado tiene responsabilidad principal en los hechos? Certifica que el poder constituido carece de moral, de principios éticos y, por tanto, de legitimidad. Incluyendo, la legitimidad política. El conseguir el favor de los votos en una elección de ninguna manera es una carta blanca para disponer hasta de la vida de los ciudadanos. Y se dispone, por acción y por omisión. Cuando se alargan o no se atienden las situaciones en etapas controlables; cuando se pueden, y se deben, resolver mediante el diálogo, la mediación, la negociación. Aquí sí que es ético y justificable, negociar. Lo que está generalmente en juego son intereses, y eso, se negocia.

La tolerancia es condición sine qua non para dirigir a buen puerto la nave del Estado. Por más que seamos reiterativos, el MAS debe conceder los espacios adecuados para la expresión de opciones distintas. Sería una total estupidez comportarse como si tuvieran

la razón en todo. La realidad, el examen final de cualquier teoría social, termina por demostrar lo contrario: en unas aciertas, en otras te equivocas. Lo mejor, tener en cuenta el aporte de todos. Los que se resisten a reconocerlo pueden estar padeciendo el conocido síndrome de la esquizofrenia. Terminan en Sucre, en el Pacheco, con el brazo cruzado al pecho repitiendo, “soy Napoleón”, o “el último de los jacobinos”, da lo mismo.

No es muy inteligente pretender tapar el sol con un dedo. ¿YPFB, una demostración palpable del éxito en la administración del Estado? Seis años, y no arranca. Al gobernador del Beni lo sacan del cargo por proveer de luz a un pueblo; San Matías pasa 14 hrs / día sin luz y, todo bien, gracias. ¿Cuántos pueblos en el altiplano no tienen fluido eléctrico? En la frontera argentino boliviana nos prestan nueve metros cuadrados, sin aire acondicionado a 40º C, para que efectivos policiales nacionales (no más de seis) ejerzan control a bienes (miles de qq y miles de viajeros diarios) a través de una frontera crítica para el país. ¿Nadie sabe, que el cruzar una línea, mostrar un carnet, demora hasta 10 horas? Sigue el jueguito con JINDAL, proyecto clave para Santa Cruz y para Bolivia: le exigen flujo de caja y plan de inversiones, cuando lo que se requiere es “gas”, y YPFB no lo tiene. Esto es igual al “éxito” de la cumbre política convocada por el gobierno, que terminó con el abrazo de Johnny y Evo.

“Santa Cruz concentra los créditos, mientras La Paz ahorra”. Se trata de producir, lo que implica “invertir”, facilitar créditos y diseñar nuevamente “reglas claras”. ¿Es la gran diferencia con los que guardan los recursos en los bancos, especulan con UVF o DPF, en US$ o Bs, sin salirse de la especulación a corto plazo? En la inversión hay riesgo. Hay que estar atento a los mercados, donde es fundamental la acción propositiva del Estado, para ponerle el hombro al país junto a los sectores productivos, públicos y privados. Atender a la distribución de riqueza es labor fundamental, pero es el final del proceso. Se impone el modelo del sentido común: primero riqueza, después, a repartir. El ejemplo de la economía del bien vivir, a costa de otros, es gran parte de la crisis europea. Es mejor, en términos del vecino Brasil, “café para todos, pero primero, café”. Mientras tanto, respeto a la vida, propia y ajena. Que no le pongan precio. Que aparezcan los responsables.

comportamiento deplorable de Gandarillas contraviene el rol constitucional de las FFAA. "iniciativa" que lo compromete. El Deber, SC

Tanto la Constitución Política del Estado en actual vigencia como leyes, códigos y reglamentos del respectivo espacio institucional, no permiten a los mandos militares tomar decisiones personales respecto a acciones castrenses fuera de los cuarteles. Si de intervenir con tropas, tanques o aviones en cualquier conflicto político-social se trata, aquellos mandos deben esperar una orden concreta, expresa y terminante, en tal sentido, del propio jefe de Estado, siguiendo una línea de subordinación y constancia.
Pero ocurre que nada más y nada menos que el propio comandante en jefe de las FFAA, Tito Gandarillas, acaba de revelar públicamente, muy suelto de cuerpo, que por “iniciativa propia” envió tres aviones a la población beniana de Rurrenabaque para evacuar a los marchistas nativos del Tipnis y transportarlos, supuestamente, a sus poblaciones de origen, luego de la violenta represión policial desatada contra ellos en septiembre de 2011 en cercanías de Yucumo, en un grave episodio hasta ahora no aclarado debidamente. El militar, recientemente posesionado en el cargo, argumentó -en procura de justificar su decisión- que creía que los aviones de la FAB serían necesarios para una eventual evacuación de heridos y que por ese motivo asumió tal ‘iniciativa’ sin recibir orden superior alguna. Especialistas en temas militares han coincidido en afirmar que Gandarillas, con su revelación, ha admitido la comisión de delitos militares. No hace mucho, su actual comandante calificó a las FFAA como ‘anticolonialistas’, ‘antimperialistas’ y ‘anticapitalistas’ y con anterioridad emitió una opinión favorable sobre las inéditas elecciones judiciales de octubre pasado.
A su reciente intervención se atribuye el afán de proteger a quienes, desde los más altos niveles del Gobierno, impartieron la orden de reprimir a los marchistas del Tipnis  y a cuyos dirigentes ha movido a la risa la revelación del jefe castrense. Todavía permanecen en la memoria colectiva las imágenes de la violenta represión policial contra la referida marcha. La llegada de los aviones de la FAB fue paralela a la de las tropas que cometieron los brutales vejámenes. Todo el aparatoso operativo fue parte de un esquema ordenado desde muy arriba para frenar en seco a los marchistas. Es obvio, en consecuencia, que Gandarillas, entonces comandante de la FAB, no hizo sino acatar la orden de la respectiva superioridad, la cual no actúa en los cuarteles, sino en Palacio de Gobierno.
El deplorable comportamiento de Gandarillas vuelve a colocar en entredicho el rol constitucional de las FFAA en la Bolivia del ‘cambio’ y desvela el afán de proteger a los verdaderos autores intelectuales de la violenta represión contra los defensores del Tipnis y en cuyo necesario y total esclarecimiento para establecer responsabilidades, poco y nada se ha avanzado.

aumentó la dependencia de minerales y gas en lugar de disminuir. VPE trabajó mucho para romper esta condición de país monopóligo de sus materias primas...ahora el MAS sin asco nos mete en la actitud suicida

La economía boliviana se asemeja cada vez más al borracho que se sacó el gordo de la lotería y que ha iniciado una farra interminable. Gasta y gasta y la plata no parece acabarse nunca. El beodo está feliz y sobre todo, inconsciente de lo que pueda pasar si algún día mete la mano en el bolsillo y no encuentra dinero para seguir comprando trago y continuar invitándole a sus amigos a quienes tiene felices con tanto derroche.

La plata de este borrachito boliviano viene del gas y la minería, cuya incidencia en los ingresos es cada vez más fuerte. El 83 por ciento de las exportaciones nacionales son ahora hidrocarburos y minerales sin la más mínima transformación ni valor agregado. “En bruto” y a lo bruto, como dirían algunos, al contemplar la felicidad con la que celebran las autoridades nacionales el extravío del borrachín.

El borracho no quiere más que fiesta. Quiere que todos beban a su alrededor y disfruten de su buena fortuna. Los que quieren trabajar y producir son sus enemigos y no hace más que insultarlos y, cada vez que puede, le pone trabas. Y como hay muchos borrachos que lo apoyan, entre ellos, otros que farrean de lo lindo con el gran negocio de la coca, ha tenido mucho éxito, pues, según los últimos datos del INE, los que no participan de la farra de la economía extractivista, han producido un 23 por ciento menos el 2011 en relación al 2010. De acuerdo a estos datos, las exportaciones no tradicionales, es decir, aquellas que tienen valor agregado, han caído en alrededor de 545 mil toneladas. Si se mide esto en términos de empleo y del efecto multiplicador que tiene la agropecuaria y la agroindustria, el daño seguramente es enorme.

Pero el borracho es un tipo confiado. Cree que la plata le va a alcanzar para todo y para siempre. Durante los últimos años ha tenido que importar cantidades crecientes de alimentos porque no le ha funcionado su estrategia de encerrar el mercado. Esta política no ha conseguido más que amedrentar a los productores de maíz, de soya, de trigo y de otros artículos, quienes no encuentran condiciones adecuadas para incrementar la producción. Y como ha bajado la producción, los precios han aumentado, pero el borracho se las ingenia para camuflar la inflación, sobre todo del rubro alimenticio.

Ha sido tal la farra, que Bolivia se encuentra hoy entre los países más dependientes de las materias primas en el mundo, lo que lo convierte también en una nación altamente vulnerable. En otras palabras, si al borracho se le acaba el veranito de los precios altos de las materias primas, se quedará en una situación peor de la que estaba, porque ni siquiera tendrá con qué alimentarse. Esto  mismo le ha sucedido muchas veces al borrachito, pero no aprende.

El analista Bernardo Corro Barrientos resume así la situación de la economía boliviana: “Bolivia sigue empantanada desde principios del siglo XX, más de cien años, en un modelo basado en la extracción de recursos minerales primero e hidrocarburíferos después. Esta estructura fundamental subdesarrollada tiene entre sus efectos directos el mantener en el atraso a los diferentes sectores productivos y en particular a las empresas medias y chicas agrícolas, agroindustriales, ganaderas y a las ramas industriales y de servicios. En lugar de impulsar el desarrollo y la diversificación de sus sectores empresariales, se dedica a fortalecer “en prioridad” su estructura económica fundamental, es decir, su sector extractivo estatal y su sector privado monopólico dependiente”.
 

Ha sido tal la farra, que Bolivia se encuentra hoy entre los países más dependientes de las materias primas en el mundo, lo que lo convierte también en una nación altamente vulnerable. En otras palabras, si al borracho se le acaba el veranito de los precios altos de las materias primas, se quedará en una situación peor de la que estaba, porque ni siquiera tendrá con qué alimentarse. Esto  mismo le ha sucedido muchas veces al borrachito, pero no aprende.

Los Tiempos compara la historia de dictaduras en Alemania, en Rusia, en España, Cuba y Chile donde se pretendió rediseñar la historia hasta que el paso del tiempo deja establecida la verdad y el sofisma desaparece

Cuando el Estado, a través de sus autoridades, busca revisar la historia, no queda otra que comenzar a asustarse porque su deseo es cambiarla con los ojos de hoy y con el interés de respaldar su propia actuación.

Son estremecedoras las revisiones históricas que se han dado en los gobiernos autoritarios. Stalin, por ejemplo, no sólo que cambió la historia pasada de Rusia sino también la que a él mismo le tocó protagonizar eliminando de ella o añadiendo a sus adversarios y a sus adláteres, siendo el caso de Trotsky, un ejemplo paradigmático. En Cuba, todo era malo antes de 1959 y todo fue mejor después. Ni qué decir de lo que hicieron los historiadores de Hitler o Franco.

Y la verdad es que si en algún momento se ha podido escribir es en sistemas democráticos, donde los historiadores pueden decir su verdad sin que ningún burócrata la prohíba o la ensalce.

De ahí que provocan mucho susto las iniciativas que surgen de las autoridades de gobierno de reescribir la historia con apoyo estatal. En Argentina se ha creado un instituto de revisión histórica, lo que ha provocado una apasionada y sustanciosa polémica.

El turno ahora es de Chile, donde de un plumazo las actuales autoridades han decidido cambiar los textos de enseñanza escolar y calificar la “dictadura militar” de Augusto Pinochet (1973-1991) no como tal sino como “régimen militar”, y muy suelto de cuerpo, un funcionario ha dicho que Pinochet entregó el poder luego de un proceso electoral, actitud que ningún dictador tuvo.

Ante esos ejemplos, es necesario comprender que lo mejor es que los entendidos escriban historia con el interés de develar hechos y no reinventarla desde el Estado para apoyar circunstanciales ideologías o procesos políticos, más aún en situaciones en que incluso el pasado que todavía se recuerda quiere ser tergiversado.