En la lucha contra el crimen se suele investigar el origen de una fortuna dudosa para ver si el enriquecimiento repentino de una persona tiene explicación legal, como cuando se recibe una herencia, se gana la lotería o se hace un buen negocio.
Intentaré aplicar un análisis similar a Bolivia, un país otrora pobre y necesitado de ayuda humanitaria y de préstamos recurrentes para financiar su desarrollo, pero que desde hace ocho años destaca por sus elevadas reservas internacionales y un crecimiento económico envidiable, aunque también por sus gastos dispendiosos, típicos de un “nuevo rico”.
Ante la pretensión de que se trata única y exclusivamente del trabajo honesto y esforzado del actual Gobierno, no es difícil descubrir que la primera causa del enriquecimiento repentino del país es la “herencia” recibida de sus antecesores. En efecto, más del 80% de los ingresos que recibe Bolivia vienen de la venta de gas y minerales, recursos que se extraen de campos y minas que no fueron descubiertos por el actual Gobierno.
Es la riqueza hallada, sobre la base de estudios y trabajos que hizo YPFB en los años 60 y 70, por las empresas que llegaron al país en el marco de la capitalización y las leyes neoliberales. De igual manera, el trabajo exploratorio de la minería estatal y privada en el siglo pasado ha generado toda la bonanza extractiva de los últimos años.
Además, esa herencia ha ido de la mano de una suerte extraordinaria: excelentes precios internacionales, buenos clientes (también parte de la herencia) y elevados volúmenes de venta. La nueva Ley de Hidrocarburos 3058 del año 2005, con los mil defectos que tiene, ha asegurado una elevada renta petrolera para el país, a la cual el actual Gobierno sólo ha añadido una participación de YPFB en las utilidades de las empresas contratistas.
Pero no sólo de extractivismo vive Bolivia. Una parte de su riqueza actual se genera por el esfuerzo productor de actores privados: la agroindustria exportadora (soya, azúcar, carne bovina principalmente), el turismo, los productos no tradicionales y orgánicos (café, chocolate), entre otros.
Esos ingresos legítimos, que se desenvuelven sin más subsidios que la energía, aprobarían cualquier investigación de fortuna. En el área de los ingresos legales destacan también las “donaciones” que llegan al país vía remesas de migrantes y que se destinan en gran parte a robustecer el desarrollo nacional.
De ese modo, entre herencias, buena suerte, trabajo privado y donaciones es posible esclarecer casi toda la fortuna del país. Sin embargo, una investigación objetiva arrojaría también algunas dudas. Hay ingresos no declarados oficialmente, ventas “sin factura”, dinero de origen dudoso que circula en las venas de la economía nacional. Es lo (poco) que queda en el país del narcotráfico, del contrabando de ida (oro, GLP) y venida (gran parte de lo que se consume en el país) y de la corrupción. Se trata de montos difíciles de cuantificar y controlar por el Estado, pero que inciden en alguna medida en la bonanza que vive Bolivia y también en la manera de gastar esa riqueza.
En fin, el ejercicio anterior, al tiempo de confirmar el origen legítimo y legal de la fortuna actual de Bolivia, gracias fundamentalmente a la herencia recibida de anteriores administraciones, plantea una pregunta: ¿cuán responsable es el Gobierno de los “nuevos ricos” en administrar, incrementar y volver sostenible la bonanza actual, pensando en las generaciones futuras? El mal ejemplo de Venezuela está delante de nuestros ojos para alertar de los riesgos de derrochar, en una generación, la herencia recibida de las anteriores.
Francesco Zaratti es físico.
