Estamos en año electoral y cada sector trata de asegurar su futuro, a cambio de asegurarle la permanencia del oficialismo en el poder. Corren apuestas y nadie mide las consecuencias. Hoy es el turno de los gremiales, que han vuelto a las calles para defender a evasores y contrabandistas y tienen la osadía de exigir que el Estado suba la vara de los que no pagan impuestos con la trampa del Régimen Simplificado.
La demanda es que para ser declarado no sujeto del pago de tributos, el capital mínimo pase de los 30 mil a los 70 mil bolivianos, algo que en definitiva es una simple formalidad ya que gran parte de esos dizque “pobrecitos comerciantes”, son prósperos empresarios con millones de dólares de capital de operaciones que son tratados como un simple pastillero de esquina.
Lo que ocurre es que los gremiales no se quieren quedar atrás de los cooperativistas mineros, los dirigentes de la COB, los pobladores de Yapacaní y los suboficiales de las Fuerzas Armadas, cada uno con el convencimiento de que el Gobierno subsiste gracias a ellos. En ese sentido, todo el mundo tiene derecho a ser descabellado en sus pedidos y muchos terminan consiguiendo su objetivo. El Gobierno parte y reparte, como en piñata.
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