Así como en la guerra hay que identificar al enemigo, en política hay que reconocer al enemigo principal y distinguirlo del resto de adversarios ocasionales. Reconocer al enemigo principal requiere mirar hacia atrás y discernir desde el presente para construir el futuro posible, no siempre el más deseado. Ese reconocimiento, aquí y en cualquier lugar del mundo, obliga al análisis de la correlación de fuerzas políticas.
La oposición democrática en Bolivia debe hacer ese reconocimiento descarnado con miras a la contienda electoral del próximo 2014. Y debe hacerlo sabiendo que el país vive una dictadura revestida de democracia reducida al voto, dejándola expuesta a extorsiones jurídico-políticas y económicas que sacrifican el largo plazo para ganar poder y tiempo a corto plazo.
Sin embargo, la democracia es mucho más que el voto. Es la preservación del Estado de Derecho que ampara al ciudadano de las perversidades del poder y de la concentración de todos los poderes en una sola persona: Evo Morales, el autócrata. El maneja el poder Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, el Electoral, el militar, el policial y los movimientos sociales, cuya cabeza son los cocaleros que cultivan la materia prima de la cocaína. Es decir, la hoja de coca, más maldita que sagrada, y de ahí la visible presencia del narcotráfico y su poder cada vez más fatídico.
En ese mar de indefensión político-jurídica, donde rige el “Métanle, por encima de lo jurídico, está lo político” ¿cómo enfrentar el andamiaje de ilegalidad, informalidad y corrupción institucionalizada, sin transparencia y sin rendir cuentas, incluida la millonaria propaganda oficialista desde hace 8 años? Con semejante concentración del poder ¿qué posibilidades tiene la oposición política de disputar el poder en octubre de 2014 y evitar el continuismo en 2019 hasta 2025?
Desde la unidad de los partidos políticos democráticos y desde la sociedad civil: todas y cada uno de los ciudadanos, debe ponerle freno a Morales y a su proyecto de poder sin fecha ni horario en el calendario. Desde la unidad se debe trabajar para restituir el Estado de Derecho de la República, la independencia de poderes, equilibrar la correlación de fuerzas y garantizar el pluralismo político, el respeto a los Derechos Humanos, el cese de la persecución política, la libertad de los presos y el retorno al país de los más de 700 exiliados políticos a quienes el régimen les negó la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio justo.
En este ya no prematuro tiempo electoral, reconocer al enemigo principal y a su poder político electorero, continuista y demagogo, exige la unidad política y social para enfrentarlo.
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