Lejos de aclarar el caso y saldar cuentas con la historia y sus víctimas de los sucesos de El Porvenir, el proceso y la sentencia en contra de Leopoldo Fernández dejan pendientes esas tareas para cuando haya la necesaria voluntad jurídica y democrática.
Después de seis años de un polémico proceso judicial incoado a instancia del Órgano Ejecutivo en contra del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, ha sido dictada, en primera instancia, una sentencia condenando a 15 años de prisión por los presuntos delitos que habría cometido esa exautoridad en la denominada Masacre de El Porvenir cuando, en medio de una aguda confrontación entre el Gobierno central y las autoridades departamentales, murieron presuntamente 13 ciudadanos bolivianos.
Desde un principio, el proceso estuvo viciado por la profunda tendencia de las principales autoridades de descalificar al adversario. En este caso concreto, es difícil olvidar la célebre frase del entonces Ministro de la Presidencia anunciando que Fernández sería enterrado al lado de los gusanos. Asimismo, se instruyó que sean fiscales de La Paz los encargados de dirigir el proceso, que más se encargaron de violar impunemente la Constitución y las leyes entonces vigentes asumiendo, en verdad, una fusión de represión política, táctica que se repetiría, por ejemplo, en Santa Cruz en los denominados casos de terrorismo I y II.
Adicionalmente, de acuerdo a muchos especialistas, ninguna de las acusaciones hechas en contra de Fernández habría sido comprobada fehacientemente (de hecho, ni el número de las víctimas pudo ser confirmado) y tuvo que haber una severa advertencia vicepresidencial al tribunal para que se dicte la sentencia condenatoria.
Es decir, estas presiones ejercidas desde la administración central del Estado han quitado legitimidad al juicio y, por tanto, a la sentencia. Peor aún si se ha procesado sólo a una parte de los actores involucrados en el trágico suceso de El Porvenir, de la misma forma que está ocurriendo en los casos de terrorismo I y II.
Desde otra perspectiva, no hay que olvidar que han sido los propios primeros mandatarios quienes han criticado acremente el funcionamiento de la administración judicial, y la presión que las autoridades ejercen sobre jueces, y ni qué decir sobre fiscales, es precisamente uno de los factores principales que la afecta.
En este marco, es posible sostener que no se ha clarificado las causas ni identificado a los actores del caso El Porvenir, como hubiera debido ser el principal objetivo del proceso incoado en contra del exprefecto departamental. La masacre queda en la nebulosa, probablemente hasta que haya la voluntad jurídica y democrática de ir a fondo en la investigación, objetivo que debe ser mantenido si se pretende reforzar el sistema democrático del país y el estado de derecho, bases fundamentales para la pacífica convivencia.
De ahí que no resultan aleccionadoras las declaraciones del Presidente del Estado en sentido de que la justicia “ha premiado a Fernández” y que los exmandatarios que han criticado el proceso sean “traidores” a la patria. Dicha posición sólo reafirma la percepción de que la sentencia que se comenta es ilegítima y que los administradores de justicia y el Ministerio Público no han actuado ciñéndose a lo que manda la ley sino a instrucciones del Órgano Ejecutivo.
En definitiva, el proceso y la sentencia en contra de Leopoldo Fernández profundizan la deuda moral que se tiene con las presuntas 13 personas abatidas en El Porvenir.
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