Un británico que fue juez y parte
Ninguna pregunta formulada a las partes, por algún juez en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es totalmente cándida o inocente. Casi siempre trae consigo una carga explosiva que, dependiendo de su contestación, puede causar destrozos a veces irreparables en el desprevenido litigante. En 2012, cuando el magistrado marroquí Mohamed Bennouna (72) interrogó “si Chile o Perú considerarían de acuerdo a la Declaración de Santiago (1952) a fijar un territorio soberano de jurisdicción exclusiva”, esa simple duda le estaba otorgando, virtualmente, al Perú 22.000 kilómetros cuadrados para ampliar su frontera marina.
Mientras Sir Christopher Greenwood (62), miembro de la Corte desde 2006, lanzó el 4 de mayo su pregunta capciosa “¿en qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto a la negociación relativa al acceso soberano?” no pensaba satisfacer una curiosidad histórica o poner en orden su calendario de eventos. Su intención fue precisamente obtener una respuesta no de la parte boliviana, sino de dar oportunidad al contrincante chileno de refutar, como en efecto lo hizo su compatriota-litigante, cuando negó la existencia real de un acuerdo que hubiese comprometido la fe del Estado chileno en la posible cesión a Bolivia de una salida soberana al mar.
El presidente Evo Morales, justamente alarmado, confesó públicamente su estupor ante la falta de ética del inglés, por haber soslayado el hecho de haber servido profesionalmente a Chile durante su pleito con el Perú. En cambio, su colega James Crawford (Australia), más honesto, se excusó del caso, por idéntico motivo. Elemental preocupación que señala descuido de quienes deberían haber monitoreado los antecedentes de Greenwood y actuar en consecuencia, como lo hizo Perú en 2012, pues una posible recusación gestionada por Bolivia hubiese sido enteramente pertinente.
En todo caso, asombra y asusta que antes de que Bolivia respondiese al desafío, fuese Chile que, mediante uno de sus abogados (también británico), tuviese el comedimiento de contestar aquella pregunta que no le estaba destinada. Ese entronque huele a una comedia premeditada.
En este enredo judicial, la conexión chileno-británica (o anglo-sajona) es sorprendentemente notoria. Cuatro miembros del colectivo jurídico de Chile son de ese origen que, por cierto, se alinean por su lógica legal, por la secuencia en sus procedimientos y hasta por sus empolvadas pelucas en esa escuela de pensamiento. Por añadidura, también inglés, es un monje negro que solo sale de la niebla londinense cuando es menester y de quien nos ocupamos en otra nota.
Un lord inglés al servicio de Chile
La fascinación chilena por la pérfida Albión (antiguo nombre de la isla de Gran Bretaña) es antigua y consistente. Comenzó antes de la Guerra del Pacífico, pues Inglaterra provocó ese conflicto, se enriqueció con los minerales explotados en los territorios conquistados e influyó en los hábitos y costumbres trasandinos hasta bien entrada la etapa republicana. Esa circunstancia explica la adhesión encubierta de Chile, al lado de Londres, durante la Guerra de las Malvinas, cuando sus infidencias contra la Argentina, transmitidas al Almirantazgo, posibilitó el hundimiento de barcos argentinos, con centenas de bajas en alta mar. Más tarde, en ocasión del asedio en Londres al general Augusto Pinochet, perseguido por la Justicia, la Dama de hierro, Margaret Thatcher, visitó ostensiblemente la cueva del dictador, exclamando que éste había sido un leal amigo del Imperio.
Esos escarceos románticos ahora continúan con la contratación de abogados de la corona para enfrentar a Bolivia en la CIJ, pero también con el reclutamiento de Mark Malloch Brown, que bajo el título de “consultor en comunicación” (FTI-Consulting Strategic Communication) o algo por el estilo, brinda su linaje y su libreta de direcciones al servicio de Santiago y de sus intereses. Es alquiler módico en comparación con la ejecución positiva de las tareas encomendadas a un alfil con la copiosa hoja de vida de Sir Mark, quien fue sucesivamente editor de The Economist, asesor de Sawyer Miller para el referéndum en Chile, en la campaña de Vargas Llosa (1990), en las elecciones en Bolivia (1989), y otras, antes de enrolarse en el Banco Mundial, y luego penetrar en la ONU, donde llegó a Subsecretario General, y después trepar al Ministro del Reino Unido (gobierno de Gordon Brown).
Mozo inteligente y con talento para hacer el bien y todo lo contrario (enfrentó acusaciones en el escándalo “petróleo por alimentos”). Apto en relaciones públicas, hábil en lenguas, esposo de una americana rica y amigo de George Soros. O sea, todas las cualidades reunidas para hacer un lobby discreto pero eficaz en los corrillos oficiales y oficiosos de La Haya, en Londres, que tiene en el bolsillo, en Nueva York (allí frecuentó en el PNUD a Heraldo Muñoz) y en Washington, donde usará al máximo esa ligazón umbilical con el Reino Unido, apellidada “special relationship”, que traducida al léxico diplomático quiere decir “cubrirse recíprocamente las travesuras legales y de las otras”. Este acápite es significativo, en momentos en que los vínculos americanos con La Paz no son de los mejores. Con entrada en la gran prensa de Fleet Street y más allá, no es difícil para él plantar artículos y comentarios en The Economist, Foreign Affairs y otros medios que los jueces de la CIJ leen, para alimentarlos e intoxicarlos con información y desinformación del diferendo boliviano-chileno.
En la acera del frente, Bolivia batalla con las armas que le provee su diplomacia artesanal, sin vinculaciones ni la sofisticación que el caso exige y excluyendo de su equipo jugadores de primera liga, por no vestir la casaca de moda.
El coreano misterioso
Originaria de un lado de Corea, su familia emigró a los Estados Unidos, donde hace 62 años nació Harold Hongju Koh, quien, cual sus hermanos, logró el sueño americano al dotarse de una educación universitaria. Pero como ese escalón es solo el primero para subir a la cumbre, el joven Koh, luego de vencer aquella poliomielitis que lo dejó rengo, se afilió al Partido Demócrata y se incrustó de asesor en el Departamento de Estado, de donde fue reclutado por Clinton para convertirlo en Subsecretario de Derechos Humanos. Más tarde, Obama lo nombraría su consejero en ese mismo campo, antes que el ambicioso asiático decida reciclarse como profesor en la Universidad de Yale.
Fabricante de la arquitectura legal para justificar los mortíferos aeroplanos apodados “drones”, no pudo vencer el veto con que los estudiantes de la NYU ( New York University) bloquearon su acceso a la Facultad de Derecho. Hábil decorador de interiores, el Canciller chileno aceptó prontamente la sugerencia de contratarlo como parte de su equipo legal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aparte de ser un mensaje subliminal y lambiscón a la Casa Blanca, ese rostro asiático adornaría el pelotón chileno. Así pues, en la distribución de tareas del alegato contra Bolivia, quién mejor que Koh para lanzar la velada advertencia a la Corte, cuando en su turno del 7 de mayo dice: “la demanda de Bolivia tiene amplias implicaciones para la santidad de los tratados y la capacidad de las naciones a entablar libremente discusiones diplomáticas, sin prejuicios sobre lo que ya se había acordado” (Verbatim Record 2015/20, página 39)
Su mensaje fue claro y fuerte: una amenaza casada con chantaje. Si la CIJ admitía su competencia para conocer la demanda boliviana, acudirían ante ella muchos países ansiosos de rectificar sus fronteras, comenzando por la propia Bolivia, que tenía vigentes 12 tratados suscritos con sus vecinos. Es más, dijo, si la CIJ acepta la demanda boliviana se estimulará a “re-litigar la historia del continente y sus fronteras”.Su desplante me causó estupor y, en un encuentro casual en el pórtico del Palacio de la Paz, me permití interpelarlo, para indagar el verdadero alcance de su bizarra advertencia, dada la naturaleza del pasaporte del que era portador y su apego a la eficacia de los “drones”. Su respuesta tan lacónica estuvo acompañada de su sonrisa budista: “No coments”.
Sala de prensa
Los chilenos cuando invaden, lo hacen masivamente, y La Haya no fue excepción alguna en ocasión de las audiencias orales realizadas entre el 4 y el 8 de mayo de 2015. Aparte de Telesur (antena sevillana), el evento no interesaba a otros medios que no sean chilenos o bolivianos. Los primeros estuvieron representados por diez canales y 35 periodistas de todo pelambre. Bolivia, tímidamente, por cuatro cadenas televisivas casi unipersonales y otros cuantos corresponsales. Pero en las dos salas de prensa imperaba la integración con anécdotas, bromas e ironías —por igual— a costa de los tiesos delegados gubernamentales y de la fauna parlamentaria que a uno y a otro costado de los Andes, transita con parecido apetito de figuración y ostensible vacuidad.
CHILENOS. Inquietos por la crisis ministerial provocada por iracunda mandataria Michelle Bachelet, la frondosa delegación, que incluía además de su heraldo Canciller, al alto y desgarbado presidente del Senado, Patricio Walker, a su esmirriado y locuaz portaestandarte de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, quien para hablar con Carlos Mesa subía incesantemente de grada en grada la escalinata del Palacio de la Paz, sin lograr sobrepasar la cintura de su interlocutor. También merodeaba los corrillos Jorge Tarud, avaro de estatura, fumador empedernido, cuya incontinencia hasta le comprometió la lengua; ese es el parlamentario que más exuda antibolivianismo. En cambio, la diputada por Valparaíso, Andrea Molina, con sus ojos verdes esmeralda, me cautivó tanto como las olas del mar cautivo.
Entre la gente de prensa, sobresalía por su perspicacia y hondo saber de la realidad nacional, Tamara Avetikian, columnista de El Mercurio; José Luis Repenning, de la cadena Mega Tv, que me regaló con su familiaridad sobre la Guerra del Pacifico. Me explicaron, con cautela, que el problema para Bolivia no sería convencer a la costra gobernante, sino a la opinión pública chilena.
BOLIVIANOS. Una sabia decisión impuso a todos los miembros de la delegación un riguroso embargo en sus declaraciones a la prensa. Creo que su silencio fue la más grande contribución a la causa marítima. Primero, porque los doctos eran los menos y los profanos, abrumadora mayoría. Eso se comprobó en el decurso del juicio, cuando la parte contraria, en su alegato, citaba en su beneficio las imprudentes opiniones que recogió la prensa a lo largo de los años. Centralizar en el vocero Carlos Mesa la posición oficial del país fue una atinada medida que protegió a Bolivia de improvisadas estridencias. Los medios nacionales, con sus escasas herramientas disponibles, cubrieron las noticias, al igual que sus pares chilenos, en el límite de sus posibilidades, en la fase oral, pues dependían de una desastrosa interpretación al español, repetidas veces señalada por la CIJ como “no oficial”. Un botón de muestra fue que al más articulado de los abogados bolivianos, el profesor Payan Akhavan, se lo hizo aparecer como tartamudo por la incapacidad del intérprete de seguir su fluida disertación y por no captar su fino humor.
