Las buenas noticias en nuestro país se entremezclan con aquellas que podemos considerar malas y que afligen a la sociedad. Una, que no puede dejar de alegrar a los bolivianos, es el descubrimiento en nuestro país de la existencia de uranio en más de 38 lugares del extenso territorio nacional, aunque como otros recursos mineros, como el del Mutún, considerado la mayor reserva de hierro y manganeso del mundo.
Mientras esto sucede en nuestro rico territorio, donde abundan las riquezas naturales o inexplotadas y, por lo tanto, desaprovechadas, los políticos en el poder no pierden la oportunidad para seguir allanando su camino hacia su perpetuación. No importa qué y cómo se haga. Lo importante para el Movimiento Al Socialismo (MAS) es tomar el control del poder absoluto.
Si para ello hay que acabar con todo vestigio opositor, sin interesar que hubiera ganado elecciones limpiamente, hay que hacerlo. Hay que destituir a alcaldes y gobernadores, hay que perseguir a cuanto político de la vieja o de nueva era aparezca, meterlo en la cárcel con una ilegal complicidad de un batallón de fiscales sumisos y comprometidos ideológicamente con el poder político. Si hay que evitar el obstáculo que el periodismo significa en este afán desmedido de poder, también hay que hacerlo.
Es así como desde el Órgano Legislativo Plurinacional, de enorme mayoría oficialista, salen leyes o proyectos de ley, a veces de noble intención, como aquélla contra el racismo y la discriminación, pero con artículos destinados a coartar la libertad de expresión y de prensa.
El presidente Morales ya lo dijo no una, sino varias veces, que la prensa —los medios de comunicación— es su principal enemiga, que los periodistas son sucios y que había que “erradicar” a los propietarios de los medios de comunicación por ser “racistas”.
Según últimas encuestas, los medios de comunicación, a pesar de todos los esfuerzos realizados a través de las acusaciones que se les hace desde el poder político, gozan de enorme confianza y credibilidad de la población, incluso en la ciudad de El Alto, que siempre se ha considerado el bastión del partido gobernante.
Quizás porque es un sector de alta credibilidad que, además, cumple su función fiscalizadora, es que ahora se piensa en la necesidad de sacarlo del medio para tener allanado el camino.
El periodismo, además de fiscalizar, está cumpliendo con su tarea de señalar al Gobierno las cosas que hace mal, aquellas que le afectan a su imagen interna y externa, aquellas que lo hacen ver con intenciones poco democráticas. Le señala los rumbos que debía tomar para hacer una buena gestión que se enmarque en el respeto a las leyes y a los derechos humanos. Pero parece que eso no les gusta o no les conviene a algunos sectores y hombres poderosos del Gobierno que creen que nadie tiene por qué decirles qué hacer y, en lugar de mostrarse agradecidos, quieren acallarlo.
Y para ello el Gobierno está dispuesto a recurrir a muchos medios, desde la creación de nuevas leyes que de alguna manera le permitan impedir su tránsito natural, sin dejar de lado —si éstas no fueran suficientes— al uso llano de la fuerza.
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