No se entiende por qué el presidente Morales les ha pedido a los diputados y senadores oficialistas aprobar una ley “orgánica” por semana, si con uno o dos días alcanzaría para las cinco normas fundamentales que le darán cuerpo al Estado Plurinacional de Bolivia. No hay consenso, no hay debate, ningún aporte de los asambleístas, a tal punto que los opositores han llegado a la conclusión de que su presencia en el Congreso es inútil, porque de todas maneras se está consolidando la aniquilación de la democracia. En realidad no se están redactando leyes, se están escribiendo los epitafios del sistema representativo.
Se va a volver un problema burocrático para el Primer Mandatario tener que hacer tantos nombramientos en los ahora cuatro poderes del Estado. Entre designar jueces, contralores, superintendentes, vocales electorales, fiscales, se le va a ir gran parte de su jornada diaria y seguramente se van tener que resentir sus horas de vuelo. Va a ser “una locura”, similar a la que ha descrito el presidente de la Corte Electoral, Antonio Costas, sobre la flamante Ley del Órgano Electoral, que abre las puertas de par en par al fraude y echa por tierra décadas de trabajo intentando conseguir transparencia en los actos eleccionarios.
La nueva ley faculta al Presidente a llamar a referéndum por decreto, deseo que se le truncó un par de veces a Evo Morales en el pasado. Mientras tanto la ciudadanía tendrá que pedirle permiso al Gobierno si quiere hacer un cabildo o una asamblea. Se les pondrá límites a las encuestas y los partidos no podrán hacer propaganda libremente como hasta ahora y tampoco por cualquier medio de comunicación sino a través de los que elija el régimen. Todo se hará con la venia y la supervisión del Órgano Electoral, cuya estructura será controlada por el oficialismo, ya que el presidente del Estado Plurinacional podrá nombrar directamente a 10 vocales, uno en el Tribunal Supremo Electoral y nueve de los Tribunales Departamentales.
En lugar de conformar un Estado que proteja al ciudadano, se está erigiendo un macro-espectro, un monstruo devorador de poder, acumulador y concentrador de instancias que le tienden un cerco a la participación política, que recorta las libertades al extremo y que elimina cualquier posibilidad de disenso, control y equilibrio. En el proyecto de Ley del Tribunal Constitucional, por ejemplo, se descarta que cualquier ciudadano pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad, prerrogativa que estará reservada al presidente del Estado y al presidente de la Asamblea Plurinacional. Existe el cuidado de que ningún diputado o senador pueda hacerlo, para limitar justamente la posibilidad a los opositores de consultar sobre las normas, dictámenes o acciones del régimen.
El comentario que mejor le cabe a esta triste etapa de la política boliviana es el que pronunció el vicemininistro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, quien afirmó que el Concejo Municipal de Sucre no tiene nada que discutir sobre el reciente derrocamiento del alcalde electo por el voto popular, Jaime Barrón. Ese precepto habría que hacerlo extensivo a todos los ámbitos de la democracia. “Ya no hay nada qué discutir”. Excelente frase para una lápida.Las cinco leyes que dan cuerpo al Estado Plurinacional de Bolivia son el realidad la sepultura de la democracia. Son los epitafios.
Se va a volver un problema burocrático para el Primer Mandatario tener que hacer tantos nombramientos en los ahora cuatro poderes del Estado. Entre designar jueces, contralores, superintendentes, vocales electorales, fiscales, se le va a ir gran parte de su jornada diaria y seguramente se van tener que resentir sus horas de vuelo. Va a ser “una locura”, similar a la que ha descrito el presidente de la Corte Electoral, Antonio Costas, sobre la flamante Ley del Órgano Electoral, que abre las puertas de par en par al fraude y echa por tierra décadas de trabajo intentando conseguir transparencia en los actos eleccionarios.
La nueva ley faculta al Presidente a llamar a referéndum por decreto, deseo que se le truncó un par de veces a Evo Morales en el pasado. Mientras tanto la ciudadanía tendrá que pedirle permiso al Gobierno si quiere hacer un cabildo o una asamblea. Se les pondrá límites a las encuestas y los partidos no podrán hacer propaganda libremente como hasta ahora y tampoco por cualquier medio de comunicación sino a través de los que elija el régimen. Todo se hará con la venia y la supervisión del Órgano Electoral, cuya estructura será controlada por el oficialismo, ya que el presidente del Estado Plurinacional podrá nombrar directamente a 10 vocales, uno en el Tribunal Supremo Electoral y nueve de los Tribunales Departamentales.
En lugar de conformar un Estado que proteja al ciudadano, se está erigiendo un macro-espectro, un monstruo devorador de poder, acumulador y concentrador de instancias que le tienden un cerco a la participación política, que recorta las libertades al extremo y que elimina cualquier posibilidad de disenso, control y equilibrio. En el proyecto de Ley del Tribunal Constitucional, por ejemplo, se descarta que cualquier ciudadano pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad, prerrogativa que estará reservada al presidente del Estado y al presidente de la Asamblea Plurinacional. Existe el cuidado de que ningún diputado o senador pueda hacerlo, para limitar justamente la posibilidad a los opositores de consultar sobre las normas, dictámenes o acciones del régimen.
El comentario que mejor le cabe a esta triste etapa de la política boliviana es el que pronunció el vicemininistro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, quien afirmó que el Concejo Municipal de Sucre no tiene nada que discutir sobre el reciente derrocamiento del alcalde electo por el voto popular, Jaime Barrón. Ese precepto habría que hacerlo extensivo a todos los ámbitos de la democracia. “Ya no hay nada qué discutir”. Excelente frase para una lápida.Las cinco leyes que dan cuerpo al Estado Plurinacional de Bolivia son el realidad la sepultura de la democracia. Son los epitafios.
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