magros resultados alcanzó el motín policial. se podría decir que miserables, los 100 por mes, y raciones de azúcar y arroz. es que está tan pobre el Tesoro que tiene que pagar en especias? dónde la cacareada "bonanza"?

La nerviosa negociación que se produjo entre el Gobierno y los líderes de la protesta policial vino a mostrar al país el lamentable estado de los recursos del Tesoro General de la Nación, cuando el Gobierno habla de sus grandes logros en economía.
Que los policías tuvieran que aceptar que se les pague en harina o azúcar, en lugar de recibir en efectivo, desnudó la realidad de las finanzas públicas cuando, paradójicamente, los ingresos por exportaciones se han multiplicado por cinco y la deuda pública se ha disparado.
Los representantes de los policías estaban extrañados de que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, que difunde frecuentes mensajes de propaganda sobre la gestión económica, se apareciera sin ofertas para las exigencias salariales.

tanta marcha y contramarcha y recibir migajas?

Un Gobierno que habla de miles de millones de dólares logrados, únicamente gracias a que los precios de las materias primas se dispararon, y que ha asumido volúmenes de deuda pública jamás vistos en la historia, podría haber llevado ofertas dignas de su propaganda.
La negociación se produjo cuando una estadística difundida por Unasur reveló que Bolivia es uno de los países que más recursos destina a la seguridad, lo que vino a despertar la sospecha de que esos recursos no llegan a la Policía, sino solamente a las Fuerzas Armadas.
Cuando el país está invadido por mafias internacionales, como lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, en la reunión de Tiquipaya, los mayores esfuerzos –y recursos– del Estado deberían estar dirigidos a reforzar a la Policía, pensando en la seguridad ciudadana.
Pero las tristes escenas de la negociación entre Gobierno y policías desvelaron que las preferencias del gasto en el rubro seguridad no están dirigidas precisamente a crear condiciones para mejorar las garantías para la seguridad de la ciudadanía.
Después de este espectáculo en que los policías debieron aceptar que se les pague en mercadería cuando ellos esperaban que se les nivelara los salarios con los miembros de las FFAA, quedan muchas dudas en el país.
Esto obliga a las autoridades del área económica a dar una buena explicación al país sobre el estado de las finanzas públicas. Se sabe que el gasto público se ha disparado mucho más alto que los ingresos provocados por los altos precios de las materias primas de exportación. 
¿Cuántos son los nuevos empleados públicos que componen las abultadas planillas? ¿Con qué criterio se priorizan las asignaciones del gasto público? ¿No sería conveniente poner en primer lugar las urgencias de la seguridad interna?
¿Cuando se acaben las bolsas de harina y azúcar, cómo se les pagará a los policías? ¿Se ha pensado en otros productos? ¿Quizá acudir a los bienes incautados por la aduana? ¿A qué otros empleados públicos se les pagará en especie?
Aparte de toda la propaganda sobre la situación económica, propaganda que ha sido desmentida por la miserable negociación con la Policía, sería conveniente que el Gobierno hiciera una exposición sincera, sobre todo ahora que hay negros nubarrones de crisis del otro lado de las fronteras.

embuste. mentiras. manoseo de los hechos son armas innobles que usan el Jefe de Estado, el vice, su equipo de propaganda y distorsión de la verdad. El Deber. SC

Mientras bajo un clima de inflamadas tensiones se reinstalaban las negociaciones con representantes de unidades policiales amotinadas a lo largo y ancho del país en demanda de mejoras a sus salarios de hambre, el fantasma de un ‘golpe de Estado’ atribuido a “minúsculos grupos opositores de derecha y a algunos malos policías” parecía responder, por lo descabellado, a un elevado cuadro febril de altos funcionarios de Gobierno. A un repetido embuste oficial antes que a una correcta, cabal y serena interpretación de los hechos que evitara su distorsión avivando las llamas del conflicto, en vez de procurar su pronta y necesaria solución en medio de un creciente y general desasosiego. 
Sin un sólido sustento y sin provocar mayor sorpresa en los cada vez más amplios niveles ciudadanos conscientes de la realidad nacional, desde las principales esferas gubernamentales se ha hecho referencia a intentos golpistas y afanes desestabilizadores camuflados en la protesta policial. 
De acuerdo con las versiones manejadas por el vicepresidente Álvaro García Linera y coincidentes con las del propio jefe de Estado, los aparatos de Inteligencia estatal, tras intervenir comunicaciones de las centrales de radio de la Policía, habrían detectado un ‘plan’ para eliminar al ministro de Gobierno y provocar enfrentamientos con los “plomos” de las Fuerzas Armadas. Según García Linera, se trata de la puesta en marcha de una ‘segunda etapa’ del cacareado ‘proceso golpista’. Habrá que imaginar que una primera intentona desestabilizadora del Gobierno de Evo Morales se desveló con el enigmático caso Rózsa impulsando unos supuestos afanes terroristas y separatistas. O de repente en aquel frustrado ‘magnicidio’ en Santa Cruz de la Sierra, atribuido a dos jóvenes cazadores armados de una vieja carabina reconstruida.
Entretanto, ha quedado sin explicación oficial la  intensa convocatoria pública, a través de los medios de comunicación del Gobierno, a los ‘movimientos sociales’ para salir a las calles en defensa del ‘proceso de cambio’ y la existencia de armamento diverso y municiones en un vehículo particular estacionado en el patio de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), al momento de ocurrir la toma de ese edificio por los subalternos amotinados en la ciudad de La Paz.
Es de esperar que cuando bajen las aguas del conflicto policial que, desde sus orígenes, fue minimizado desaprensivamente por el Gobierno, la ciudadanía reciba también, sin demora y en detalle, las explicaciones sobre las denuncias propaladas acerca de la “gestación de la segunda fase de un proceso golpista” en el país, incluyendo la identificación plena de sus responsables que, de acuerdo con la suma hecha por el vicepresidente del Estado, bien contados, no suman más de media docena… Le hará mucho bien a la manoseada democracia boliviana saber quiénes y por qué, irresponsablemente, están jugando con fuego.

meditado artículo de Erick Fajardo desde el exilio hace ver que el MAS se está jugando los descuentos porque tanta mentira y embuste ya no convence a nadie y la verdad está siendo desnudada en varios frente a la vez

Los neo-populismos fundamentalistas de corte mesiánico, esos que tomaron el poder en varios empobrecidos estados en Oriente Medio y Latinoamérica durante el periodo terminal del neoliberalismo, suelen caracterizarse por exhibir una virulencia simbólica proporcional a su ciclo de debilitamiento fáctico. En términos sencillos, las autocracias pseudosocialistas, similares a las de Bolivia o Venezuela, muerden más fuerte conforme más desgastadas están. 

La concesión de asilo al senador Roger Pinto por Brasil, las expresiones de Naciones Unidas sobre el deterioro de la justicia en Bolivia, la demanda del Parlamento húngaro por la liberación de Elod Toaso y la denuncia del congresista estadounidense Chris Smith por la prolongada reclusión, sin sentencia, de Jacob Ostreicher, exponen una crisis de derechos humanos a la que el Gobierno ha decidido responder apostando a ser coherente con su propia mitomanía. Se terminaron los días de la “complicidad orgánica” de organismos y socialismos vecinos, cuando los Mattarollo, los Caputo y los Stein llegaban a Bolivia a maquillar los atropellos a los derechos humanos y la manipulación de procesos electorales. El hedor de la represión estatal, los vínculos de autoridades de Gobierno en narcotráfico y el manoseo judicial es tal que ni los estados socialistas lo pueden ignorar más. Por eso Evo Morales y Álvaro García Linera decidieron que es tarde para recular. Su opción de principio por la aniquilación de la oposición, la anulación de la separación de poderes y su grosera centralización del poder han ido muy lejos para permitirles echarse atrás. Sólo queda seguir mintiendo, persistir en el error, pues es tarde y costoso abrazar la verdad. Admitir el reclamo de Hungría sobre Toaso implicaría aceptar que hubo ejecución donde siempre sostuvieron que hubo tiroteo con terroristas; asumir el asilo a Pinto sería aceptar que opera un aparato de judicialización de la oposición donde siempre sostuvieron que hay una justicia independiente. Por eso, en lugar de salvoconducto para Pinto, se dicta la detención de otro opositor; y de ahí que en lugar de acceder al reclamo de Hungría, se le demanda a su Parlamento “disculpas” por un “intento de magnicidio” urdido para justificar la masacre del hotel Las Américas. Las leyes de la Madre Tierra y de castigo a narco-funcionarios, igual que la “nacionalización” de Colquiri o la detención del político y ex militar Alvin Anaya, son alardes simbólicos de una consistencia política que el régimen perdió por completo; es la reafirmación por la negación de un sentido común que se universaliza sobre la ausencia de derechos humanos en Bolivia. Es persistir en la impostura discursiva de la defensa de la naturaleza frente a la subversión del mundo indígena; maquillar con leyes huecas la imagen de “incorruptibilidad” de un régimen salpicado por el narcotráfico; querer validar la legitimidad jurídica de la persecución política encerrando más opositores, precisamente cuando la comunidad internacional más reprocha esa práctica. El Gobierno de Morales ha cruzado el punto de no retorno. Las masacres de Cochabamba, Sucre y Porvenir, el siniestro operativo del hotel Las Américas y la creciente certeza de que impera un narco-régimen en Bolivia hacen impensable una salida del poder sin consecuencias penales por delitos de lesa humanidad. Podrán disfrazar su agonía estructural debajo del brutal alarde interno de fuerza y la elocuente demagogia en los foros internacionales, pero el MAS juega ya los descuentos. *Analista político y ex asesor del Órgano Legislativo.

Fuente: eju.tv - Tan agónicos cual virulentos
http://eju.tv/?p=216954

Agustín Echalar compara Motín Policial 2003, 2012 y muestra las diferencias. loable enseñanza para tomar en cuenta

El motín de la Policía me hizo recuerdo a las luctuosas jornadas de febrero del 2003. Sin embargo, en aquella oportunidad las condiciones eran totalmente diferentes, el país estaba con total iliquidez, y eso ante todo porque los precios de las materias primas no habían subido todavía, el presidente de entonces había enviado al congreso un proyecto de ley de creación de un impuesto al salario, que afectaba a quienes ganaban más de dos salarios mínimos,  algo que no afectaba a la inmensa mayoría de los policías, que al igual que ahora tenían sueldos inferiores a esa franja. 

Hace nueve años y medio, la protesta de los policías era tirada de los pelos, y ciertamente tenía un tinte desestabilizador, (fue a fin de cuentas, el ensayo general de lo que sucedió en octubre), porque insisto, el impuesto a los salarios sólo afectaba a los rangos superiores.  Tenía, sin embargo, una base absolutamente legítima, los policías tenían derecho de estar molestos, porque ganaban muy poco dinero, al igual que hoy. 

 Ante todo gracias a los altos precios de las materias primas, en Bolivia se habla de guarismos inimaginables hace 10 años, exportaciones por más de 9.000  millones de dólares, reservas por más de  12.000 millones de dólares. Y un bienestar económico, (fundado además en un narcotráfico creciente y en los cientos de millones de dólares gracias a las remesas).   Bolivia está viviendo un auge económico muy importante. Este auge tiene, como se sabe, un corolario problemático, a pesar de que la brecha entre el campo y la ciudad ha disminuido,  la brecha entre ricos y pobres ha aumentado,  también ha aumentado la criminalidad, de hecho uno de los problemas más serios es el de la inseguridad ciudadana.

Esta inseguridad ciudadana tiene como pilares, lo que hemos mencionado arriba, y una Policía que no funciona, un ente corrompido hasta el tuétano, que nos ha regalado un penoso espectáculo a lo largo de estos años.  No es que antes la Policía fuera mejor, pero el actual régimen, precisamente por viejo, por estar en el séptimo año de su gobierno, ya no puede recurrir a culpar al pasado. De hecho si se ha cambiado todo, ¿por qué no se pudo hacer algo para cambiar una institución tan importante?  Una reforma de la Policía, pasa por una mejora sustancial de los salarios, no es que buenos salarios garanticen corrección y eficiencia, pero malos salarios  garantizan corrupción e ineficiencia. 

Los sucesos de la semana pasada han puesto además en evidencia a parte de las imposturas del Gobierno. La inflación es más grande de lo que ellos quieren reconocer, y  curiosamente en un Gobierno que se tilda de socialista, los empresarios la tienen mejor (a excepción de aquellos a los que el Gobierno o las cooperativas despojan), y los asalariados la tienen peor.

Hoy los asalariados están peor de lo que hubieran estado con el impuesto de Goni.

Los Policías y sus mujeres tienen todo el derecho de estar descontentos, sobre todo porque supuestamente ahora estamos en Jauja, pero por supuesto que no tienen derecho a  cometer actos vandálicos  y criminales,  y éstos han empañado su protesta.

Queda una última pregunta: ¿Por qué el Gobierno dejó que las cosas llegaran a esto? ¿Insensibilidad, o simple ineficiencia? 

uniformados atacando sus propios cuarteles. la marcha Novena. senador cautivo. parlamentarios en la ONU. políticos en huelga de hambre. corrupción y dinamitazos. cuadro inédito que presenta El Dia, SC

Un país amotinado

Como en febrero de 2003, el año que marcó el fin de estabilidad democrática en el país, otra vez la Policía está amotinada. De la misma forma que aquella vez, el motín policial no ha llegado solo y los hechos demuestran que la situación podría deteriorarse, tal como ocurrió hace nueve años, cuando ocho meses después, Gonzalo Sánchez de Lozada se veía obligado a dejar el país en medio de un cuadro de violencia y descontento generalizado.

La protesta policial, que ha llegado a límites nunca vistos, con uniformados atacando sus propias guarniciones y sacando a patadas a sus superiores, no es un hecho aislado. Se produce cuando está por llegar a la sede de Gobierno la marcha de los pueblos indígenas que tratan de proteger el Tipnis de las ambiciones desmedidas de las nuevas élites nacionales; surge cuando un senador se mantiene cautivo de los caprichos de las autoridades, que se niegan a aceptar el asilo político que Brasil le ha concedido; estalla cuando hay tres parlamentarios haciendo una vigilia en una oficina de la ONU, cuando hay varios presos políticos que hacen huelga en la cárcel de San Pedro, cuando hay cocaleros bloqueando caminos, cuando grupos de mineros se atacan a dinamitazos, cuando acaban de asesinar a otra concejal en el Beni, cuando hay fuertes denuncias de sobreprecio en la empresa Papelbol que se suma a otros hechos de corrupción, cuando el presidente Morales confirma sus intenciones de lanzarse a una relección ilegal. El motín policial llega en el momento de mayor hastío de la población frente a los abusos cometidos por un régimen que ha desilusionado por completo a las grandes mayorías que le dieron su apoyo para cambiar el país, pero de otra forma.

Para colmo de males, el amotinamiento de los policías bolivianos se inicia casi al mismo tiempo que el proceso de destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, lo que no deja de ser un mal presagio para la estabilidad democrática continental, especialmente para los líderes populistas, cuya imagen y discurso se han desgastado de manera abrumadora.

El descontento de los policías de base se ha estrellado contra uno de los fenómenos más claros y perversos del proceso de cambio, es decir, contra el desbarajuste que ha perpetrado en las instituciones claves del Estado, como es la Policía en este caso y que de igual manera se ha producido en la Justicia, en las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y todo el sistema normativo, donde se ha impuesto el manoseo y la manipulación de los grupos que manejan el poder con intenciones de consolidar un cuerpo monolítico, sin control y con ambiciones de perpetuación.

Aunque la reacción de los policías parece coyuntural y “salarialista”, como lo fue en el 2003, surge como el grito más desesperado ante la conmoción moral que invade el país por el avance del narcotráfico y toda una serie de actividades ilegales que son promovidas por los grandes actores del régimen que no parecen darse cuenta de que están conduciendo al país a la destrucción espiritual y material.

Este gigantesco motín es la mejor expresión de la profunda vocación democrática de la población boliviana, que ha sido nuevamente burlada. Es sencillamente una demostración que le hacen al Gobierno de que todo tiene un límite.

El descontento de los policías de base se ha estrellado contra uno de los fenómenos más claros del proceso de cambio, es decir, contra el desbarajuste que ha perpetrado en las instituciones claves del Estado, como es la Policía en este caso y que de igual manera se ha producido en la Justicia, en las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y todo el sistema normativo.

salió Romero bastante tarde "ofrecemos dos mil a cada policía" no son funcionarios públicos, son servidores del Estado. los convocó a dialogar aunque las protestas no paran y el motín está extendido. saldrá el Ejército?

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó la voluntad del Órgano Ejecutivo de lograr, mediante un acuerdo concertado con los representantes de los policías amotinados, un incremento de 2.000 bolivianos para poner fin al conflicto y se permita normalizar los servicios de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Pese al anuncio del Ministro de Gobierno las protestas continúan y el motín se ha extendido en todo el país.

En conferencia de prensa, la autoridad, quien reapareció tras 24 horas de ausencia, se limitó a comunicar la predisposición del Gobierno de solucionar esta crisis institucional, por lo que optó por no responder preguntas de diferentes medios de prensa que se dieron cita a Palacio Quemado, cuya puestas se mantiene cerradas desde las 13.00 del jueves pasado, cuando las esposas de policías tomaron la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

“En el marco del Decreto Supremo de nivelación salarial, el Gobierno ha previsto y lo hacemos ahora públicamente ante el conjunto del pueblo y a todas las unidades policiales desplegadas en el territorio nacional, que efectivamente nosotros queremos efectivizar la decisión de lograr estos ingresos que percibe la Policía Nacional por conceptos salariales que alcancen a los 2 mil bolivianos, de esa manera nuestra policía va continuar en este tratamiento especial que ha venido desarrollando el Gobierno Nacional”, manifestó Romero en conferencia de prensa.

La autoridad convocó a los representantes de los uniformados a entablar el diálogo con el Ejecutivo, para ello ofreció las oficinas del Ministerio de Gobierno para reunirse, sin embargo los policías amotinados, liderados por Guadalupe Cárdenas y el suboficial Edgar Ramos, descartaron esta invitación y pidieron reunirse con el presidente Evo Morales en Palacio Quemado, quien retornó del Brasil tras su participación de la cumbre de Rio+20.

Romero dijo que los requerimientos de los uniformados, que se encuentran en el motín en varias dependencias verde olivo del país, está fuera de contexto. Señaló que los uniformados no son funcionarios públicos y no pueden ganar igual que ellos, pese a que el planteamiento de los policías es tener un salario al igual que los militares y no igual que los funcionarios públicos.

“La demanda se dirige a lograr una nivelación de la Policía con el del funcionariado público, los policías no son servidores públicos, tienen un uniforme, cumplen un rol y en tal medida son servidores públicos porque brindan seguridad”, manifestó Romero.

Romero lamentó que los uniformados hayan quemado papeles del Tribunal Disciplinario de la Policía y que muchos efectivos de bajo rango se encuentren amotinados, por lo que los invocó a atender el pedido de dialogo del Gobierno.

Agustín Echalar desde Página 7, se refiere a los esperpentos de Cusi, un magistraado gil que en realidad es un impostor vestido de magistrado con un disfraz lector de la coca para sus sentencias (sic)

Cusi traducido del quechua al castellano es alegre. El nombre fue dado a varios miembros de la realeza inca, el más famoso fue Tito Cusi, posiblemente el más importante de los incas de Vilcabamba. El nombre ha vuelto a resonar en estos días gracias a las “alegres” aseveraciones de un magistrado del Tribunal Constitucional que no sólo ha declarado que él recurre a la coca para dilucidar un caso, sino que nada menos que ante una comisión congresal ha defendido tal práctica con un desparpajo verdaderamente admirable. El magistrado en cuestión ha logrado que se hable de él. Si uno pregunta en la calle o en los cafés el nombre del presidente del Tribunal Constitucional, de seguro que nadie lo conoce, pero de Cusi han oído hablar todos. El hombre es un genio del marketing, lo ha demostrado también a partir de la vestimenta que usó, y que ya ha sido denunciada en su caso como un vulgar (pero efectivo) disfraz. En la cita que tuvo con la gente del parlamento, el señor Cusi ha dicho unas cuantas verdades, y es que desde el punto de vista plurinacional, pluricultural, y de respeto a los usos y costumbres ancestrales, en otras palabras, siguiendo a la Constitución, no existen motivos para reclamar el que él quiera preguntarle a la “sagrada” hoja de coca sobre la inocencia o la culpabilidad de alguien. Sí, así de absurda es la Constitución de la Glorieta, pero también ha salido con una serie de sandeces como que sólo “giles” muy especiales como él pueden leer en coca. La primera impresión que se tiene de Cusi es la de un personaje anecdótico, alguien además al que se pueden echar tallas, y es que con su estilo hasta podría ser visto como un agente encubierto del imperio, que está allí para hacer quedar mal al “proceso de cambio” ; pero el asunto no se lo puede tomar de una manera tan cusi, digo tan alegre, porque en realidad pone en evidencia lo absurdo, y lo irresponsable de una parte del proceso de cambio. Cualquier persona razonable sólo puede alegrarse por el empoderamiento de los indígenas a partir de la elección de Evo Morales como presidente de la república, la exclusión de las mayorías, a la que estábamos tan acostumbrados que nos parecía normal, tenía que terminar; pero la revalorización de sistemas arcaicos, sea de justicia, de administración territorial, de educación, o de salud, ha terminado produciendo esperpentos del calibre del magistrado Cusi, que aparentemente reniega de sus estudios, y cree que poderes sobrenaturales lo pueden orientar a la hora de hacer justicia. Pero el asunto tiene una arista peor. Cusi, abogado a fin de cuentas, es un individuo profundamente aculturado, lo cual no lo hace ni mejor ni peor que nadie; es más, lo hace uno más de la inmensa mayoría de los bolivianos que somos irremediablemente mestizos; posiblemente de la misma forma que asumió un traje con pretensiones autóctonas, pretende ahora un discurso en el que él en realidad no cree. En otras palabras, tenemos en un importante puesto de la administración de la justicia de nuestro país a un impostor. Página Siete – La Paz.

Fuente: eju.tv - Un gil muy especial
http://eju.tv/?p=215787