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lunes, 17 de abril de 2017

El Deber publicó parte de esta entrevista a Carlos Valverde sobre Terrorismo I y II conocido también como "el juicio del siglo" tremenda tramoya judicial de un costo hasta hoy sin cálculo y que fue una trampa tendida a los cruceños para atemorizarlos y ganarlos al MAS. resumido el libro Maten a Rozsa del mismo autor.

Este es el texto completo de la entrevista que me hizo El Deber con relación al Proceso o Juicio por Terrorismo que hace 8 años se está llevando en Santa Cruz; por razones de espacio, la nota no fue publicada inextenso, por ello me tomo la libertad de compartir con ustedes el texto completo :

1.- ¿Cómo analiza que se perfila el juicio por supuesto terrorismo a ocho años del ataque en Las Américas? (prolongación, sentencias, etc.)
Debe ser muy difícil probar un delito imposible; el llamado juicio por terrorismo no tuvo futuro nunca porque los únicos actos de terrorismo que hubo, en este asunto, fue la bomba en la casa del Cardenal, colocada por gente del Gobierno; aquello se probó, testigos vieron a Andrade y a la policia Marilyn en la zona en un vehículo que, resultó ser idéntico a un vehículo que fue del padre del Ministro (ex) Juan Ramón Quintana.

Lo que hubo, en el caso Rozsa, fue una celada o trampa tendida desde el Gobierno para ver cuántos cruceños “caían en ella”; Rozsa vino, traído por el Gobierno (que le proporcionó incluso una identidad falsa y la Embajada Venezolana le pagó pasajes para que se mueva en el país) para tratar de armar un “movimiento separatista” y no pudo; no hubo quién pise el palito y, decidió hablar (cambio de planes) de un sistema de “autodefensa” , cosa que tampoco le funcionó y, abandonado por quienes lo habían acogido (hubo cruceños que cayeron en sus engaños de autodefensa) decidió irse. El Gobierno no podía permitir que se vaya y decidió asesinarlo, ese es un hecho; sobre eso no se ha investigado y es muy fácil llegar al fondo de ese asunto.

De ahí que el “juicio” sea un sainete dramático ; en eso difiere del significado de la “Pieza teatral breve de tema jocoso”, porque aquí hay víctimas y familias que llevan años en una agonía que saben que no va a terminar bien para ellos porque el Gobierno no va a permitir que esto termine con inocentes en la calle; no se hizo tanto desde el Poder para ese resultado.

2.- ¿A qué apunta el gobierno con el juicio y qué salidas tienen o podrían tener los acusados?
El Gobierno apunta a tener sentenciados que lo libren, a futuro, de juicios de “lesa humanidad” , por genocidio y violación de DDHH, de ahñi su insistencia em tener “culpables”, aun cuando no se les haya probado nada.

El asunto es tan complicado para el Gobierno porque están afuera el ex fiscal (extorsionador) Marcelo Soza y el Capitán Laguna que afirman que esto fue armado por el Gobierno; Soza fue parte clave en la acusación; él en un escenario diferente, no va a ser muy “cómodo” para el Gobierno.

3.- ¿Qué han significado para el proceso los juicios abreviados de seis personas que se inculparon?
Nada… rescato la declaración del cochabambino Gelafio Santisteban quien dijo que se acogía al abreviado y se declaraba culpable de un delito no cometido para salvar a su padre… Toazo y Tadic mismo se declararon culpables y cuando llegaron a Europa no reconocieron haber cometido delito alguno; uno no soy quien para juzgar a quienes lo hicieron, respeto sus decisiones pero, creo que les sería muy difícil probar cómo se hizo terrorismo en Bolivia.

A 8 años de la Masacre del Hotel Las Américas, te dejo este fragmento del libro Maten a Rozsa.

“Eduardo Roza Flores estuvo nuevamente en Bolivia el año 2007 (Evo Morales ya era Presidente), ocasión en la que logró obtener una Cédula de Identidad con el nombre de Jorge Hurtado Flores (el nombre con el que murió) con el número 1251746, número que corresponde a Potosí, en fecha 17 de abril. En esa cédula, gura nacido en Santa Cruz en fecha 31 de marzo del año 1963.

domingo, 16 de abril de 2017

no podía fallar,Walter Zuleta hijo de Walter Zuleta que fue ministro Secretario de la Presidencia del Dr. VPE acaba de conceder una entrevista a El Deber de SC, desde LIma donde se encuentra a buen recaudo de la persecusión política por haber oficiado de abogado de La Zapata. atención sus declaraciones es deber de todo ciudadano bien informado. nos complace que Walter Jr., salga por los fueros de la verdad en este bullado y maltrecho caso Evo-Zapata




El abogado Wálter Zuleta ratificó que está en Lima. Marca distancia con Gabriela Zapata
El abogado Wálter Zuleta ratificó que está en Lima. Marca distancia con Gabriela Zapata

Wálter Zuleta Buitrago: “Tomé recaudos por alerta de organismos internacionales”



La última vez que se supo de Wálter Zuleta Buitrago, abogado de Gabriela Zapata, fue en mayo de 2016. Casi un año después reapareció y aceptó una entrevista por internet con EL DEBER. Ratificó que está en Perú y desmiente las afirmaciones y acusaciones de algunos testigos que lo involucran sentimentalmente con la exgerente comercial de la empresa china CAMC. Zuleta es procesado en rebeldía en el caso de enriquecimiento ilícito.

¿Está haciendo seguimiento al juicio que hay en contra de usted y de otras cinco personas?
En lo que corresponde al juicio la postura de los abogados de la señora (Gabriela) Zapata es contradictoria, no se sabe si la están ayudando o sacrificando. Segundo, lamento que (Eduardo) León esté detenido, pero hubo una advertencia, en su momento hasta de organismos internacionales que si no nos poníamos a buen recaudo nos íban a procesar; yo tenía muy en cuenta eso, pero  ambos no prestaron la más mínima atención y, evidentemente, están detenidos. En nuestro país lo más duro después de la muerte debe ser la cárcel, no se lo deseo a nadie.

¿Ustedes fueron advertidos por diplomáticos?
Los fiscales actúan como si me hubieran notificado de algo; me puse a buen recaudo por una situación obvia, hasta funcionarios internacionales afirmaban y sabían lo que iba a suceder, pero de lo que sí me aparté del tratamiento político del tema porque ahí no interesa la verdad, porque mientras la óptica sea política no habrá la búsqueda de la verdad y, en consecuencia, está en peligro la libertad y hasta la integridad física de uno.

Hay dos juicios contra usted y lo juzgan en rebeldía
Hasta en eso hay contradicciones, dicen que saben que estoy en Lima, si saben dónde estoy por qué no me notifican; la rebeldía es un juramento de no saber dónde están los encausados, pero ellos saben dónde estoy y no me notifican. Lo que corresponde es que me aparten de los juicios en contra mía.

¿Y cómo quedan las acusaciones en su contra?
Me acusan de asociación delictiva. Cómo puede haber asociación entre personas que no se han contactado ni siquiera por teléfono; no sé qué tipo de asociación pueden demostrar y en cuanto a uso de bienes del Estado, bueno no soy funcionario, nunca fui a requerir ninguna ayuda; me reuní con la señora Cristina Choque en una situación extraordinaria, yo nunca me presenté como dirigente del Bolívar como la señora sostiene, la vi una vez porque acompañaba a la señora Zapata, nada más, no sé a qué se dedica la señora, no la conozco.

La señora Zapata lo acusó de llevarse dinero de su caja
Cómo es posible que un año después se den cuenta que falta una caja, es una falacia, el fiscal  se llevó la única caja que había en esa casa; se dijo que recogí dinero, pero era para pagar a los abogados de la señora Zapata y lo hice en presencia de sus tías.
Los testigos declararon que contactaba a Pico Antelo y los reunía con usted.
Al señor Antelo lo conocí porque fungía como tío de la señora Zapata, debían ver los contactos con mi persona, en mi oficina hay un registro de ingresos. Por seguridad se le puede verificar cuántas veces entró el señor Antelo a mi oficina; la señora Zapata tampoco ingresaba, a lo sumo estuvo cinco veces en un año, por favor.

¿Conoció al señor Dennis Grundy Ríos?
Dennis Grundy era su enamorado, vivía en el departamento  de Zapata, una vez dejó documentos, él vivía en Cochabamba, Antelo en Santa Cruz, entonces cómo puede haber asociación delictiva entre personas que ni siquiera viven en una ciudad. Zapata y el señor Assef contrataron mis servicios junto con la hija de Antonio Assef,  Zania Assef, para elaborar un estatuto, este señor fue detenido in fraganti por administrar casinos clandestinos y ahora se convierte en el gran testigo de la Fiscalía.

¿Tuvo alguna relación con Gabriela Zapata?
No, en absoluto, y no digo más porque de eso solo tengo que rendirle cuentas a mi mujer, a mis hijos y a mi madre. Me parece indigno que se ocupen de estos casos como si fuera un tema amarillo, es un tema en el que se conculcaron derechos.

La señora Zapata hizo declaraciones a una red de televisión, ¿cómo vio eso?
Totalmente manipulada. Declaró en tres oportunidades y ninguna declaración coincide; de algo que yo he sido testigo es que la señora Zapata estaba rodeada de empresarios, adulada, llamada y convocada, pero nunca vi una firma de contrato o algo. Hay una señal clara, se quiere encontrar cabezas de turco y de cumplir simplemente con la teoría que está establecida en una película y dos libros sobre la culpabilidad antes de un jucio; entonces ¿habrá algún juez que diga que eso no pasó? Si falla de ese modo ese juez no dura tres días en su cargo. Me gustaría creer que en algún momento existirá un sentido común de justicia y se establezca la verdad en este caso lleno de mentiras .      

sábado, 15 de abril de 2017

no son más populares las reelecciones, especialmente en América del Sur, lo desmenuza La Tercera de Santiago, "en Bolivia un 64% rechaza un nuevo periodo de Morales" y sabemos cómo está la cosa en Paraguay, en Chile, en Venezuela. nada sobre la perpetuación en el Poder.





La reelección presidencial pierde apoyo en Sudamérica



La reciente quema del Congreso en Paraguay puso en entredicho la posibilidad de reelegir. Evo Morales perdió un referendo en 2016. También Maduro está complicado para 2018.
La reelección presidencial va a la baja, al menos en Sudamérica. Esto quedó de manifiesto la noche del 31 de marzo, cuando miles de paraguayos salieron a las calles para protestar luego de que 25 senadores votaran a puerta cerrada, sin el resto de los legisladores, a favor de una enmienda constitucional que habilitaría la reelección de Horacio Cartes. Mientras el Congreso se quemaba, la protesta se descontroló: algunos manifestantes entraron al Parlamento y salieron llevándose computadores, sillas y carteles. La policía intentó sofocar el incendio y todo se convirtió en una batalla campal, con enfrentamientos que dejaron 30 heridos y un joven muerto. La polémica reforma aún debe ser aprobada por la Cámara Baja en una nueva sesión.
Paraguay ha tomado distancia de la idea de cualquier perpetuación en el poder. El país está marcado aún por la dictadura de 35 años, -la más larga de Sudamérica- del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Según su Carta Magna, ningún mandatario puede presentarse a un segundo mandato, sin importar si es consecutivo o no. A pesar de que en agosto de 2016 se intentó enmendar el artículo que establece la no reelección, el Presidente Cartes, del Partido Colorado, siguió adelante con la medida. Quien también apoya la iniciativa es el ex Presidente Fernando Lugo, de Frente Guasú. Ambos quieren presentarse en los comicios del próximo año.
A su vez, en Bolivia, Evo Morales busca a toda costa un cuarto mandato en 2019. A pesar de que el referendo que realizó en febrero de 2016 fue una dura derrota para el Presidente, ya que se estableció que no podría reformar la Constitución para presentarse nuevamente como candidato, su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), baraja nuevas fórmulas para que vuelva al Palacio Quemado. De acuerdo a un sondeo de Mercados y Muestras realizado a principios de febrero, un 64% de los bolivianos no quiere un nuevo período de Evo.

El rechazo a la reelección de los mandatarios es una tendencia que se ha ido masificando en el último tiempo en la región.

El Presidente Nicolás Maduro enfrenta una dura crisis social y humanitaria. Así ha llevado adelante una serie de acciones para ganar tiempo antes de las elecciones presidenciales de fines de 2018. Venezuela es uno de los tres países de América Latina que tiene reelección indefinida, junto con Nicaragua y Ecuador. Pero esta nueva tendencia en la región, sumado a la situación que vive el país y el malestar de los ciudadanos, podría complicar la idea de Maduro de mantenerse en el poder para el próximo año.

Sin embargo, según dice a La Tercera el profesor de ciencias políticas del Amherst College, en Massachusetts, Javier Corrales, los casos de Venezuela y Bolivia no necesariamente significa que haya un rechazo a la reelección en toda la región.

“El reeleccionismo es mayormente popular entre las personas que apoyan al Presidente o Presidenta en ejercicio. Por lo tanto, la gran variable es cuán popular sea. En los casos de Venezuela y Bolivia, los Presidentes se encontraban con bajos niveles de popularidad. No obstante, son casos importantes, porque dan muestra que la oposición al re-eleccionismo es fuerte y entiende bien los peligros”, afirma.

Además, añade que la única esperanza de que Maduro logre repuntar para las elecciones de 2018 es que recupere la economía. “Pero está tan aplastada y el gobierno da tan pocas muestras de cambiar de rumbo, que no creo que este salvavidas económico se materialice”, afirma.

A mediados de la década de los 90, el 89% de los países de América Latina restringían la Presidencia a un solo mandato o establecían la reelección diferida, es decir, que un jefe de Estado podía presentarse de nuevo después de un período de “descanso”. Hoy ese porcentaje ha disminuido a 50%.

Así, desde los 90 comenzaron a realizarse una serie de reformas para permitir nuevos períodos presidenciales consecutivos. Lo hizo Alberto Fujimori en Perú en 1993, Carlos Menem en Argentina al año siguiente, y Fernando Henrique Cardoso en Brasil en 1997.

Hugo Chávez decidió llevarlo aún más lejos: a través de un referendo en 2009, pasó de la reelección inmediata a la indefinida. Y así lo siguió Daniel Ortega en Nicaragua en 2014. En diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó enmiendas a la Carta Magna, impulsadas por el Ejecutivo, que eliminaron las restricciones para una reelección indefinida. A pesar de que no fueron usadas por Correa, que dejará el poder en mayo, podría eventualmente volver al Palacio de Carondelet pero para un nuevo período no consecutivo.

En tanto, en 2015, Colombia aprobó una reforma que prohibió la reelección presidencial. En Argentina, Bolivia y Brasil está permitida la reelección consecutiva, mientras que en Chile, Perú y Uruguay debe ser alternada.
Además de Evo y Maduro, Mauricio Macri es otro que podría ver frustrado su deseo de reelegirse si no logra buenos resultados en las legislativas de octubre.
LA TERCERA / Constanza Cruz D.

jueves, 13 de abril de 2017

Xavier Albó es un jesuíta "kara simi" sin pelos en la lengua capaz de llamar pan al pan y al vino, vino. Albó como Jerjes Justiniano (hombre de radio en sus mocedades) y luego situado en el MAS, ambos han tenido la valentía de aconsejar a Evo "si persiste en el relanzamiento, perderá su imagen" y Puka se refiere a otros casos entre nuestros vecinos donde el tema "reelección" se hace muy, pero muy escabroso. veamos.


Más sabe el diablo por viejo que por diablo

              
Puka Reyesvilla

Seríamos tendenciosos si cargásemos las tintas de los intentos reeleccionistas, rereeleccionistas y rerereeleccionistas sobre las testas de los gobernantes adscritos al denominado “socialismo del siglo XXI” soslayando que al lado opuesto también se cuecen habas al respecto.

En 2010, Álvaro Uribe, presidente de Colombia por entonces y liberal de manual, estuvo tentado de prorrogarse más allá de lo que las leyes de su país lo permitían. Escogió el mecanismo del referéndum para tal propósito. Sin embargo, para llevarlo a efecto, el proyecto debía pasar a consulta en la Corte Constitucional –equivalente al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia-. De hecho, Uribe estaba culminando su segundo período constitucional y, enmarcado en la Carta Magna colombiana, el órgano de control dictaminó que una segunda reelección socava los principios de la misma, agregando que, además, viola principios como la separación de poderes, la igualdad, la alternancia democrática y el sistema de pesos y contrapesos. La contundencia de esta sentencia persuadió a Uribe de hacer mutis por el foro y posibilitar la candidatura de su sucesor, el actual Presidente quien, a propósito, ejerce su segundo mandato consecutivo y sería muy honorable si no se le ocurriera repetir la grosería de su antecesor.

Estos días una situación aún más grosera está aconteciendo en Paraguay, donde un expresidente, actualmente Senador, destituido del cargo luego de un proceso de “impeachment”, y el Presidente conservador de ese país acordaron introducir la figura de la reelección en la Carta paraguaya, acción por la que hace algunos días se armó la de San Quintín en las inmediaciones del Congreso, en Asunción. Lo que han conseguido ambos políticos es que su ya deteriorada imagen se manche aún más.

Al final, parece ser que la motivación perpetuadora es independiente del signo ideológico de su portador y tiene que ver más con un mesianismo que lo lleva a asumirse como “el ungido” y a quien la gente debe rendir pleitesía, acaso agradecerle que haya nacido. Inversamente, tenemos casos como el de Lula –hagamos abstracción de sus hechos de corrupción- quien a tiempo de acabar su segundo mandato estaba en la cúspide su popularidad y sin embargo ni siquiera sugirió la opción de hacerse reelegir, o el de Correa quien, más astutamente, difirió elegantemente sus ansias reeleccionistas, oficiando, en el camino, como el poder detrás de su delfín, Lenin.

Justamente sobre este particular es que el sacerdote afín al llamado “proceso de cambio” y crítico de sus operadores, Xavier Albó, ha exhortado a Evo Morales a sacarse molde de la solución ecuatoriana (“Evo puede aprender de Ecuador”, La Razón, 9 de abril) y no insistir en su rerereelección: “Una primera enseñanza para Evo y Álvaro es que pueden seguir vinculados al poder manteniéndose a un lado”, escribe el jesuita.

Otra descarga de fuego amigo la ha recibido Morales de parte del exembajador Jerjes Justiniano quien advierte que si éste consigue habilitarse para las elecciones de 2019 estaría poniendo en riesgo su propio liderazgo y poniendo en peligro al dichoso “proceso de cambio”: “No puede arriesgarse electoralmente, sencillamente porque un grupo de acólitos quiere seguir medrando del poder”, requinta el cruceño.

Tanto Albó como Justiniano son, en sus respectivos círculos, viejos lobos que han visto de todo en esta vida y sus admoniciones –difícilmente catalogables como “neoliberales” o “imperialistas”- provenientes del interior del régimen, suenan realmente preocupadas, pues más sabe el diablo por viejo que por diablo. Amén.

lunes, 10 de abril de 2017

Sacha Llorenti es Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, como tal tiene un asiento en el Consejo de Seguridad alto organismo que tiene que ver con todos los conflictos que amenazan la Paz Universal. resulta útil por tanto conocer su CV (prontuario) como le llama Arturo Murillo Senador de la República cuando relata su historia de vida, por cierto no apta para representar dignamente a una Nación.


Sacha, el represor y defensor del criminal Bashar al-Ásad

Arturo Murillo P.

Sacha Llorenti fue noticia la semana pasada. En 2012, fue repudiado a nivel nacional por haber dirigido la represión y violencia brutal a los indígenas de la novena marcha en defensa del TIPNIS; a pesar de su antecedente, represor y violador de los derechos humanos, fue nombrado Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Y desde ése foro, defendió al presidente sirio Bashar al-Ásad, un sanguinario y asesino de niños y mujeres, usando armas químicas contra su pueblo.

En una jugada propia de un cara dura, Sacha Llorenti cuestionó los bombardeos contra el asesino de los niños Bashar al-Ásad, el represor de los indígenas pretendió erigirse como un defensor de los derechos humanos. A los bolivianos no les llamó la atención porque Llorenti ya fue acusado de violador de los derechos humanos, de niños y mujeres en Bolivia.

Conozca el prontuario de Sacha Llorenti:

1. Siendo Ministro de Gobierno, en mayo de 2010, Sacha ordenó la intervención policial a yungueños de La Paz que pedían una factoría que el mismo dejó dos jóvenes colonizadores muertos en Caranavi. Los familiares de las víctimas pidieron justicia, pero en abril de 2015, el Ministerio Público lo excluyó de las investigaciones. La abogada de los familiares de las víctimas, Claudia Lecoña, denunció la impunidad y protección a los responsables de estas muertes y anunció que llevaría el caso a la CIDH.

2. El 25 de septiembre, el gobierno de Evo Morales, con Sacha Llorenti en el Ministerio de Gobierno, perpetró una brutal represión contra los indígenas del TIPNIS, golpearon a mujeres y niños, les gasificaron, los detuvieron ilegalmente y, un hecho “histórico” fue que amordazaron con cinta masquin a indefensos indígenas, etc.

3. La dirigenta Nazareth Flores, presidenta de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, denunció que a consecuencia de las agresiones sufridas en Chaparina perdió al hijo que llevaba en el vientre. Dijo: “En las noches tengo pesadillas, me acuerdo todo el tiempo de lo que me hicieron, nunca más volví a dormir con tranquilidad, fue un hecho que marcó mi vida para siempre”. (http://www.bolpress.com/?Cod=2013013103)

4. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional pidió a las autoridades bolivianas que investiguen y sancionen a los responsables de los abusos policiales en Chaparina. “Es alarmante que a un año del operativo policial contra los manifestantes, no se vean avances sustanciales en las investigaciones”, lamentó María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional. (Ver:Bolpress).

5. En septiembre de 2012, la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, presentó un video donde se ve y se escucha al viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, dando órdenes preparatorias a un grupo de jefes policiales para que efectúen la intervención policial al día siguiente en Chaparina. Ése video es una evidencia que la represión en Chaparina fue planificada por las autoridades del Ministerio de Gobierno y dirigido por Sacha Llorenti.

6. Entre las 11.00 y las 16.30 horas del miércoles 30 de enero de 2013, una comisión de seis fiscales hizo una inspección ocular en Chaparina y según la abogada Aida Camacho, el general Óscar Muñoz Colodro, subcomandante de la Policía, dijo que fue Sacha llorenti quien dio la orden para la represión y abuso brutal a indígenas. “En la inspección se ha establecido de manera contundente que la orden (de reprimir a los indígenas) la dio el señor Sacha Llorenti, eso lo dijo el señor Óscar Muñoz Colodro”, afirmó Aida Camacho, quien participó en la inspección mencionada (Ver: Bolpress).

7. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), de la que fue miembro Sacha Llorenti, realizó en 2012 un Congreso Nacional en Tarija y decidió expulsar a Sacha por estar comprometido en las violaciones a los derechos humanos en los sucesos de Caranavi y Chaparina (El Deber, 11/09/2012). Y le prohibieron que use el nombre de la APDHB en su currículo o para conseguir fines personales.

Este es el prontuario de Sacha Llorenti, un individuo repudiado hasta por sus propios compañeros de la APDHB. Un personaje denunciado (con evidencias y pruebas testificales) por las violaciones de los derechos humanos de mujeres y niños. Es lógico, entonces, que no tenga piedad con los niños sirios, asfixiados y envenenados con gases químicos por el criminal Bashar al-Asad. Lo repudiable es que defienda al régimen sanguinario a nombre de todos los bolivianos, como si los ciudadanos de nuestro país compartiéramos con todas las decisiones del gobierno de Evo Morales y su nefasto embajador Sacha Llorenti, que tiene el apego y respaldo a un gobierno criminal y asesino de niños.

Sacha Llorenti debe hablar solamente a nombre de él porque no nos representa a los bolivianos que queremos paz, respetamos los derechos fundamentales de los niños, mujeres e indígenas; queremos vivir en democracia y repudiamos a los dictadores como Bashar al-Ásad
Senador de la República

jueves, 6 de abril de 2017

hace rato que el pueblo caraqueño le perdió el miedo a Maduro. es tal el número de manifestantes ante el golpe, que los armados retroceden, no se atreven a usar sus armas de fuego como ha sucedido antes. Ludmila desde el ABC nos lo cuenta con detalle.


El golpe de Estado continuado

Ludmila Vinogradoff

El golpe de Estado que propinó Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional, anulando sus competencias y la inmunidad parlamentaria de sus 165 diputados el pasado miércoles 29 de marzo, través de las sentencias escandalosas del Tribunal Supremo de Justicia que tres días después fueron revocadas, mostró la peor cara del régimen dictatorial.
Se trata de la represión brutal que la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana y las bandas armadas llamadas “colectivos chavistas” han arremetido contra los manifestantes que marchan pacíficamente para pedir elecciones ya.

El parlamento venezolano, controlado en su mayoría por la oposición, decidió protestar en la calle hasta que Nicolás Maduro, a quien califican de dictador, restituya el orden constitucional roto la semana pasada, convoque elecciones, libere a los presos políticos y abra el canal humanitario para distribuir comida y alimentos.

La Asamblea Nacional sostiene que sus competencias fueron despojadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada a través de las sentencias 155 y 156, que fueron calificadas por la chavista Fiscal General, Luisa Ortega Díaz como una ruptura del hilo constitucional.

A pesar de la enmienda que devolvió parcialmente las funciones parlamentarias y la inmunidad, los diputados consideran que no vale la aclaratoria porque una sentencia emitida por el Supremo Tribunal no puede ser modificada, por lo que el caso no puede quedar impune sin sancionar a los siete magistrados que cometieron ese error.

Pero este error de despojar y desconocer la autonomía parlamentaria le va a salir caro a los magistrados porque la Asamblea decidió iniciar el proceso de su remoción. La sala constitucional ha emitido más de 50 sentencias contra el parlamento por lo que consideran que se ha producido un golpe de Estado continuado en estos 15 meses de legislatura opositora.

Para este jueves la opositora Mesa de la Unidad Democrática convocó una nueva marcha en la principal autopista caraqueña Francisco Fajardo a la altura de Altamira que promete ser multitudinaria. Van a recoger firmas para solicitar la destitución de los 7 magistrados golpistas.

Maduro está acorralado por la presión de los opositores, las organizaciones multilaterales internacionales y el pago de la deuda externa. Este mes de abril deberá pagar más de 2.000 millones de dólares en deuda y cuenta con la negociación de la petrolera rusa Rosneft y Petróleos de Venezuela, pero la Asamblea ya advirtió que sin su autorización previa el Gobierno no puede firmar contratos con empresas extranjeras. Y si lo hace serán nulos e írritos.

Los cuerpos de seguridad han intentado detener la ola de protestas con más represión pero se han encontrado con unos manifestantes indignados y enardecidos que quieren luchar en la calle y dar la vida por la democracia hasta conseguir el cambio de gobierno.

La represión ha sido bestial. Nunca hemos visto que los diputados encabezaran las marchas y salieron tan golpeados, heridos y asfixiados como esta vez. La lista de las víctimas es larga pero mencionamos solo algunos casos que han dado el ejemplo de dignidad y valentía. La periodista Elyangélica González fue golpeada y arrastrada por el suelo por 10 uniformados en la misma puerta del Supremo Tribunal.

El joven diputado Juan Requesens fue herido en la cara y le tuvieron que poner 56 suturas en la frente. El diputado José Guerra se desmayó por los gases lacrimógenos y pimienta. A Juan Guaidó le fracturaron el brazo derecho. El tenor venezolano Victor López, ganador del Premio Pavarotti, también fue herido en la cabeza.

lunes, 27 de marzo de 2017

Diego Ayo relaciona los miedos que ha venido sembrando el MAS en estos años, lo que ha creado "una indefensión" del pueblo que admitamos sí, tiene miedo a no tener un empleo firme, a las enfermedades, a envejecer y no tener jubilación decente, miedo a la violencia, miedo a los linchamientos...


Los miedos, herencia de una década del MAS


Diego Ayo Saucedo


¿Hay algo en común en sucesos aparentemente inconexos como la sentencia contra Leopoldo, la muerte de la niña Eva y el crimen pasional contra el joven deportista de lucha Rony Alexander Viveros? Pues sí. Todos ellos generan incertidumbre sobre la suerte que podemos correr. Y, sobre todo, generan miedo. A pesar de ciertos avances sociales logrados en once años del proceso de cambio, la mayor herencia de este régimen es un conjunto de miedos solo saltan a la vista cuando encarcelan a un político de renombre, ¡muere una niña de hambre!, o matan a alguien con tanta crueldad.

Miedo a no tener un empleo estable y bien remunerado (aproximadamente el 70% de los empleos son precarios y están por debajo de la remuneración salarial promedio). Miedo a contraer una enfermedad y no tener una adecuada atención (Bolivia se encuentra como el país con menor inversión per cápita en salud; el informe Bloomberg sitúa a nuestro país en el último lugar en salud)
Miedo a envejecer y no tener una pensión decente (a pesar de que en Bolivia los ancianos reciben un bono, la ‘renta Dignidad, cuentan con una Ley del Adulto Mayor y/o un Seguro de Alivio de la Vejez, es llamativo que el único indicador fiable al respecto, el Índice Global de Envejecimiento de Help-Age, la ONG dedicada a asistir a ancianos en 70 países del mundo, sitúa a Bolivia en el puesto 51 de 96 países en 2014, pero en 2015 lo hace en el puesto 55. No se puede saber a ciencia cierta, pues no hay datos fiables, la condición de los adultos mayores de Bolivia, pero es evidente que además de las transferencias específicas, no hay una estrategia específica).

Miedo a ser víctima de algún acto de violencia social (asalto, asesinato, etc) (América Latina, de acuerdo al PNUD, ha sido el único continente que de 2000 a 2010 ha incrementado su nivel de violencia. En ese escenario, Bolivia está en el nivel ‘intermedio’ de homicidios pero ‘alto’ de robos. A diferencia de Venezuela u Honduras, que han sido identificados como casos de ‘epidemia’ en cuanto a crímenes, Bolivia se encuentra por debajo. Sin embargo, según el mismo PNUD, Bolivia es el segundo país con más linchamientos de América Latina más atrás de Guatemala.

Asimismo, según la Iglesia, el narcotráfico crece cada vez más en el país, baste ver que el 80% de las cárceles se llenan con delincuentes que violan la ley 1008. Ello ha dado lugar a un incremento de la violencia por ajuste de cuentas y por disputas territoriales entre narcos colombianos, peruanos, brasileños y paraguayos. Y a este panorama se suma la crisis de una Policía que no ha sido reformada hasta hoy, manteniéndose como un espacio patrimonial al servicio del Gobierno)

Miedo a sufrir como mujer, el acoso, el maltrato, la trata o el feminicidio. A pesar de haberse aprobado en marzo de 2013 la Ley para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia, los feminicidios siguen creciendo. En 2016 se registraron 104 casos frente a los 93 de 2015; los recursos fiscales para la partida inexistente de ‘violencia contra la mujer’ no alcanza siquiera al 0,5% del presupuesto general; y/o de las 101.268 denuncias por violencia de 2012 no más del 5% recibe seguimiento)

Miedo a nuestra justicia, ineficiente y corrupta (diversos indicadores como World Justice System colocan a la justicia boliviana como la peor; Bolivia es el país con menor inversión en justicia del continente, con solo 0,4%; las cárceles están hacinadas, con un 85% de presos con retardo de sentencia)

Miedo a que nuestros hijos se vean obligados a trabajar y no puedan estudiar (según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2014, en el país hay más de 850.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan. De esta cifra 500.000 tienen menos de 14 años y más del 80% trabaja en situación de riesgo o en áreas peligrosas, expuestos a accidentes y alejados de su hogar).
Miedo a que nuestros hijos jóvenes consuman drogas (un reporte de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) afirmó que hasta en 5% se incrementó el consumo de drogas: cocaína y marihuana, en el país debido a que Bolivia es un país de tránsito. Desde 2013, los microtraficantes se han fortalecido, sobre todo en los puntos fronterizos por donde ingresan la marihuana y la cocaína, que después es distribuida entre clanes familiares que se dedican a la venta al raleo en ciudades capitales e intermedias donde el número de drogodependientes viene creciendo).

Miedo a quedar viuda, divorciada o a ser madre soltera y no tener con qué mantener a la familia (en el país hay 2.282.006 madres, de ese total tres de cada diez son jefas del hogar, es decir, 789.225 (34,6%) mujeres trabajan para mantener solas a su familia)

Lo ocurrido con Leopoldo, Eva o Rony es lo que ocurre a diario con miles sino millones de bolivianos confrontados con una justicia miserable, una seguridad ciudadana deficitaria o una lucha contra la pobreza insuficiente (entre otros problemas como el sub-empleo, la viudez o la carga laboral infantil).

Requerimos pasar a un Estado protector que comprenda que estos asuntos, aparentemente disconexos, forman parte de una misma trama: la indefensión de la población boliviana frente a hechos absolutamente prevenibles.