El expresidente de la República y vocero de nuestra causa radicada en La Haya ha sido objeto de furiosos ataques de, principalmente, representantes oficialistas, incluyendo al Vicepresidente, por afirmar que el actual Jefe de Estado tendría una deuda no reconocida con el último presidente del MNR, quien habría allanado su ascenso al Gobierno con medidas como la Participación Popular, la educación intercultural, la ley INRA, entre las principales.
La prepotencia con que le han respondido, con amenaza de juicio incluida, refleja la actitud de quienes acostumbran amedrentar e imponer una nueva y peor versión de pensamiento único, pero desatiende debatir el concepto de que “la construcción de un proceso histórico es una sucesión de elementos de agregación”, sobre el que basa su razonamiento Carlos Mesa.
Ese enfoque suyo -parte de una corriente muy influyente en el análisis y enseñanza de historia en Bolivia- confunde a los sujetos, se concentra en los personajes y los gobiernos, y omite las fuerzas sociales que los animan, entronizan o defenestran. Conduce a conclusiones erróneas porque la contraparte, y muchas veces la base de la acumulación a la que alude, es más bien producto de contradicciones y pugnas esenciales.
La construcción histórica de las sociedades no se forja en acumulaciones lineales, sino en contraposiciones y rupturas. La agregación puede presentarse en el tránsito de una administración a otra, no en un momento de cambio de ciclo histórico y de intento de sustitución de un tipo de Estado por otro.
El fundamento último de la adopción de cualquiera de las medidas que anticiparían el futuro cambio en la fase neoliberal está en lo imperioso de las demandas y reivindicaciones de movimientos populares, aunque sus organizaciones estuviesen debilitadas o postradas.
Por debajo de los resultados electorales, favorables a los llamados partidos “sistémicos”, se desplegaba una resistencia de sectores subalternos, subterránea, pero imponente y una creciente autonomía social que indujeron los cambios mencionados. El Gobierno vigente entre 1993 y 1997 llegó a percibir esa creciente fuerza (Condepa y otros partidos ya habían empezado a hacerlo) y respondió de manera más novedosa y flexible que los demás partidos defensores del orden social de la época, pero no por eso se estaba convirtiendo en pionero y precursor del que lo sustituiría: el MNR llevó a un aymara a la vicepresidencia, no para preparar transferirles el Gobierno a los indígenas, sino para someterlos más y mejor.
Las acciones de aquel Gobierno jamás se tomaron, ni por acción ni omisión ni siquiera inconscientemente, en plan de ser “una base fundamental para la construcción del Estado Plurinacional”, usando las palabras del expresidente Mesa.
De hecho, el conjunto de las medidas a las que se refiere están despojadas de cualquier intención de favorecer a las fuerzas que erigieron al régimen presente. El conjunto de las políticas que adoptó respondía a una noción de modernidad articulada con la lógica de la globalización y a una estrategia de conservación del poder para las fuerzas dominantes de ese momento, no para heredárselo a sus competidores.
Porque esperar, así sea sólo coloquial o académicamente, que un nuevo régimen tribute reconocimiento al que lo antecedió y trató de ahogarlo no tiene sustento histórico, en ningún lugar, en ninguna época, menos en la fase de germinación de una crisis de Estado y del recambio de bloques de poder. Los barones del estaño no quisieron tender la cama para la Revolución Nacional ni la recuperación democrática tiene deudas pendientes con las dictaduras.
Si se tratara de agradecer las acciones que lo ayudaron a ascender, el Gobierno actual tendría que incluir la represión de octubre de 2003 o la decisión emenerrista de poner cuanto obstáculo pudo a la Asamblea Constituyente o al decreto sobre que los conscriptos deben prestar trabajos gratuitos y serviles (denunciado por Carlos Mesa cuando era Vice) o el “cuoteo” de la administración pública entre los socios de la coalición gubernamental, etcétera.
La libertad, la democracia, el avance de las sociedades necesitan, en múltiples ocasiones, de la negociación y el pacto entre beligerantes, pero, indudablemente, nacen y se desarrollan en medio de tensiones y forcejeos, donde la pertinencia de que quienes usufructúan el poder agradezcan a sus antiguos beneficiarios es dudosa, cuando no impugnable.
El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.
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