Los Tiempos actualiza el tema del "Pacto Fiscal"y es que el Gobierno del MAS, no quiere pagar lo que corresponde a los departamentos. tiene un buen pretexto que mientras el CENSO no ofrezca sus informes oficiales, no hay cómo asignar los items. lo cierto es que el MAS no quiere aflojar, interesado como está en gastarse toda la plata posible para ganar las elecciones. el PACTO significa control a las finanzas del Estado. con todo la última palabra no está dicha.

Uno de los problemas de las reelecciones (en el nivel central y regional) es que temas fundamentales para la buena marcha de la administración del país son postergados sine die, porque las decisiones técnicas que estos exigen adoptar afectan sustancialmente la intención de voto de la ciudadanía.

Esto es lo que está sucediendo con el Pacto Fiscal que, legalmente, ya debería haber sido suscrito; pero, como los resultados de Censo Nacional de Población y Vivienda, pese a sus evidentes limitaciones, exigen cambios profundos que afectarán a las regiones del país, el Gobierno ha estado haciendo los mayores esfuerzos para postergar el debate hasta fin de año. Y lo hace acusando a los gobernadores de la oposición y a las instituciones que exigen este Pacto de actuar “políticamente” como si, por un lado, esto fuera malo y, por el otro, no hiciera lo mismo el Gobierno.

En consecuencia, más allá del tema en sí del Pacto Fiscal, que merece un comentario específico, lo cierto es que la realidad muestra las grandes desventajas de reelección, pues debido a nuestra precaria institucionalidad los que aspiran a ella utilizan inescrupulosamente al Estado en su propio y particular beneficio, sin importar los costos que pueden provocar en la administración estatal.

Esta realidad exige que cuando las aguas vuelvan a su cauce se debata sobre si es o no correcta una reelección presidencial continua, como ha sido incorporada en la Constitución Política o si lo mejor es restablecer la norma que prohibía la reelección continua y sólo autorizaba una reelección más, pasado por lo menos un  período. Obviamente, se trata de un razonamiento que no gustará a los actuales inquilinos del Palacio Quemado, que más bien aspiran a la reelección indefinida, al margen de los intereses del país.

Francesco Zaratti se pregunta sobre el origen de la FORTUNA EN BOLIVIA. no de fortunas privadas o sectoriales, sino de la FOROTUNA NACIONAL, que circula cada día y trasmite la sensación de "bonanza", aclara el sabio que viene de empresas que llegron entre los 60 y 70, en el trabajo exploratorio de la minería, de los excelentes precios internacionalels, de la renta petrolera acordada en 2005, pero también de la agroindustria, del turismo, las donaciones y las remesas. un aporte franco y claro.

En la lucha contra el crimen se suele investigar el origen de una fortuna dudosa para ver si el enriquecimiento repentino de una persona tiene explicación legal, como cuando se recibe una herencia, se gana la lotería o se hace un buen negocio.

Intentaré aplicar un análisis similar a Bolivia, un país otrora pobre y necesitado de ayuda humanitaria y de préstamos recurrentes para financiar su desarrollo, pero que desde hace ocho años destaca por sus elevadas reservas internacionales y un crecimiento económico envidiable, aunque también por sus gastos dispendiosos,  típicos de un “nuevo rico”.

Ante la pretensión de que se trata única y exclusivamente del trabajo honesto y esforzado del actual Gobierno, no es difícil descubrir que la primera causa del enriquecimiento repentino del país es la “herencia” recibida de sus antecesores. En efecto, más del 80% de los ingresos que recibe Bolivia vienen de la venta de gas y minerales, recursos que se extraen de campos y minas que no fueron descubiertos por el actual Gobierno.

Es la riqueza hallada, sobre la base de estudios y trabajos que hizo YPFB en los años 60 y 70, por las empresas que llegaron al país en el marco de la capitalización y las leyes neoliberales. De igual manera, el trabajo exploratorio de la minería estatal y privada en el siglo pasado ha generado toda la bonanza extractiva de los últimos años.

Además, esa herencia ha ido de la mano de una suerte extraordinaria: excelentes precios internacionales, buenos clientes (también parte de la herencia) y elevados volúmenes de venta. La nueva Ley de Hidrocarburos 3058 del año 2005, con los mil defectos que tiene, ha asegurado una elevada renta petrolera para el país, a la cual el actual Gobierno sólo ha añadido una participación de YPFB en las utilidades de las empresas contratistas.

Pero no sólo de extractivismo vive Bolivia. Una parte de su riqueza actual se genera por el esfuerzo productor de actores privados: la agroindustria exportadora (soya, azúcar, carne bovina principalmente), el turismo, los productos no tradicionales y orgánicos (café, chocolate), entre otros.

Esos ingresos legítimos, que se desenvuelven  sin más subsidios que la energía, aprobarían cualquier investigación de fortuna. En el área de los ingresos legales destacan también las “donaciones” que llegan al país vía remesas de migrantes y que se destinan en gran parte a robustecer el desarrollo nacional.

De ese modo, entre herencias, buena suerte, trabajo privado y donaciones es posible esclarecer casi toda la fortuna del país. Sin embargo, una investigación objetiva arrojaría también algunas dudas. Hay ingresos no declarados oficialmente, ventas “sin factura”, dinero de origen dudoso que circula en las venas de la economía nacional. Es  lo (poco) que queda en el país del narcotráfico, del contrabando de ida (oro, GLP) y venida (gran parte de lo que se consume en el país) y de la corrupción. Se trata de montos difíciles de cuantificar  y controlar por el Estado, pero que inciden en alguna medida en la bonanza que vive Bolivia y también en la manera de gastar esa riqueza.

En fin, el ejercicio anterior, al tiempo de confirmar el origen legítimo y legal de la fortuna actual de Bolivia, gracias fundamentalmente a la herencia recibida de anteriores administraciones, plantea una pregunta: ¿cuán responsable es el Gobierno de los “nuevos ricos” en administrar, incrementar y volver sostenible la bonanza actual, pensando en las generaciones futuras? El mal ejemplo de Venezuela está delante de nuestros ojos para alertar de los riesgos de derrochar, en una generación, la herencia recibida de las anteriores.

Francesco Zaratti es físico.

se vive una "ficción" las llamadas "cooperativas" no existen. son unos pocos vivos, con fuerte respaldo legal y del poder Central, que explotan las minas, yacimientos del Estado por los que pagan "bagatelas" revenden los minerales en el mercado negro, los que exportan y acopian ganan hasta el 80%, dejan migajas al "voluntario minero" que es mantenido con coca, alcohol y pulpería que descuenta el cuadrillero de su magro haber. no hay documentos que justifiquen este accionar.

”Cooperativas” que no son tales

Mauricio Aira

Un cronista es esencialmente un testigo. Su misión es brindar un testimonio fehaciente de sus vivencias si tienen relación con el Bien Común y si pueden considerarse provechosas desde la perspectiva social e histórica.

Me refiero a los 5 años que pasé en Siglo XX, prendido a los micrófonos de Radio Pio XII y viviendo una experiencia única en el más grande centro minero de Bolivia, y por entonces uno de los más modernos y productivos del continente Sur. Había transcurrido la Nacionalización aquel 31 de octubre de 1952, a muy pocos meses de la Revolución de Abril, cuando una campaña internacional pretendió desvirtuar aquella medida tanto en EEUU como en Chile por cuyos puertos debe pasar necesariamente el mineral producido en las minas camino de las grandes fundidoras del metal. Cómo no recordar a Victor Andrade Uzquiano embajador en USA, que con gran tesón logró negociar con los ex barones y hacer más llevadera la carga de pagar “una indemnización” que nadie dijo a cuántos millones de dólares ascendió, pero que se convirtió en la condición “sine qua non” para la subsistencia de Bolivia. Sin embargo, nuestra intención no es revisar aquella azarosa historia, sino poner de manifiesto que COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) creada para regir las 16 empresas nacionalizadas, y que tuvo la virtud, de mantener el “régimen social” conquistado por los mineros desde 1944 cuando “la masacre de Maria Barzola”.

Vaya si lo logró. Conocimos una COMIBOL pujante, con pulpería barata, capaz de proporcionar vivienda gratis a sus trabajadores, servicio de salud (refiriéndonos a CATAVI) muy aceptable con hospitales y clínicas y una escuela de Enfermería, el servicio escolar con escuelas en los mismos campamentos mineros, algún colegio como el de Llallagua y Uncía, lugares de recreación colectiva Lupi Lupi y Quillacollo, por lo demás, existió disciplina laboral, con el rechazo de los “jucus” ladrones de minerales, y la vigencia de normas de seguridad industrial, que nunca más conocería la actividad minera desde el cierre de las minas por la caída de los precios y la hiperinflación “descontrolada y demencial” que obligó a Paz Estenssoro a implantar la NPE (Nueva Política Económica” con la cancelación de todos los beneficios extra y subvenciones a la actividad económica.

Con el 21060 famoso desaparecen las empresas mineras, de un plumazo se cierran sus instalaciones con todo el caudal de propiedad estatal, edificios, ingenios, viviendas, pulperías, hospitales, y queda todo convertido en “tierra de nadie”. Es entonces, algunos años después que aparecen “las cooperativas”, asociaciones de ex mineros y jóvenes sin ocupación organizados en cuadrillas de explotación libre, que toman los viejos parajes de COMIBOL y crecen en número y en poder económico, dejando marcado que en “el nuevo trato” no hay leyes sociales, ninguna protección industrial, no rige el Código Laboral, ni vale la autoridad de Trabajo.

Descubren los cabecillas de cuadrillas de laboreo, que tienen un gran poder entre las manos. Hay “empresas rescatistas” dispuestas a comprar el mineral a manos llenas, eso sí a los precios que imponen a los trabajadores, dejándoles un margen de utilidad de hasta el 20% mientras que estas empresas de nacionales o extranjeros, se benefician, según información extra oficial hasta con el 80%. El Estado recibe en el mejor de los casos hasta el 5% del total producido.

Lo más grave de este embrollo es que no se puede documentar, no hay planillas de pago, no hay contratos de trabajo, no hay pruebas de las transacciones, todo se maneja en una especie de mercado negro, boca a boca, donde el “voluntario recibe” lo necesario para cubrir sus necesidades y alguito mas. Ganará mientras trabaje, no hay aporte a Seguridad Social alguna. O sea, en pésimas condiciones laborales, cual jamás vivió dentro de COMIBOL.  Cerramos este repaso, con el profundo lamento de contemplar “tan grande injusticia” y comprobar que el Estado, no tiene la capacidad, ni la suficiente autoridad para imponerse entre “estas cooperativas” que son en realidad micro o empresas medianas destinadas a explotar al trabajador bajo incalificables circunstancias.

Victor Baldivieso el capo de las FFAA volvió a declarar. dice que los soldaditos no deben ser ni jardineros, ni cocineros, ni sirvientes en casa de los altos jefes, y que no ha de tolerar discriminación y que escuchará a todos. en otro lado se dice que encarcelan al dirigentes de los Sargentos "por malos manejos"

El almirante Víctor Baldiviezo, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, anunció hoy que atenderá de forma oficial las demandas de los suboficiales y sargentos, además aseguró que no socapará ningún acto de racismo y discriminación dentro de esta institución.

“Todos estos casos vamos a atender, es más, en ningún momento, este nuevo alto mando se ha negado a escuchar, más al contrario lo vamos a recepcionar por primera vez en forma oficial (las demandas de los suboficiales y sargentos), porque hasta el momento me llegó a través de medios de comunicación no más, pero en forma oficial, donde firmen sus representante s (no), nosotros estamos para escuchar y en ningún momento vamos a socapar ninguna actividad que vaya a lo que es el racismo y discriminación”, aseveró.

Sin embargo, el jefe militar insistió se tratan de hecho aislados promovidos por parte de algunos miembros de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército.  “Pero este Comando recepciona, nunca se cierra, analizaremos todos los casos”, ratificó.

Los sargentos y suboficiales sostuvieron en las últimas semanas una serie de reuniones para tratar de poner fin a la discriminación al interior de las Fuerzas Armadas del país a través de la ejecución de lo que ellos llaman “descolonización en las FFAA”.

Los suboficiales y sargentos se quejan porque la discriminación y racismo en las FFAA habría llegado al extremo de que los oficiales supuestamente tienen baños y casinos exclusivos, asimismo ellos no tendrían derecho a acceder a estudios en la Escuela Militar de Ingeniería, entre otras disparidades.

Entre tanto, un proyecto de Ley de Reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas prohíbe a mandos militares utilizar a subalternos en tareas y servicios personales y establece un mecanismo para denunciar casos de corrupción sin riesgo de represalias.